Montevideo. Como todo metal, el hierro no se reproduce. No es un árbol que, luego de cortarlo, vuelve a crecer y a dar madera y frutos. Por lo tanto, conviene sacarle la mayor ganancia cuando se lo extrae del suelo esa única vez, porque ya no habrá otra oportunidad para hacerlo.

Esto lo sabe el presidente José Mujica pero parece haber empezado a razonarlo en profundidad hace pocos días. Antes se conformaba con recuperar para el Estado solo 3% de las ganancias de la minera Aratirí, y ahora está dispuesto a negociar un “fifty-fifty (50 y 50)” con la empresa de capitales indios y no descarta nacionalizar las reservas si es necesario.

Cuando el acuerdo parecía cerrado –el canon de ganancia fue establecido en el nuevo Código de Minería a estudio del Parlamento– el diputado blanco José Carlos Cardoso (Unidad Nacional) empezó a menear la idea de la nacionalización de las reservas. Hubo incluso una interpelación parlamentaria a los ministros de Industria, de Turismo y de Vivienda y Medio Ambiente para pedir información sobre el negocio pero la sesión transcurrió sin pena ni gloria.

El jueves 21, el senador Eleuterio Fernández Huidobro dijo en Búsqueda que estaba de acuerdo con nacionalizar el hierro, y el martes 26 Mujica recibió al diputado Cardoso en su despacho de la Torre Ejecutiva. “Hay que hacer un acuerdo político grande para resolver lo de Aratirí porque a mí me quedan tres años y esta gente se va a quedar como 30 años. Y, sí, podemos arreglar un fifty-fifty (50 y 50). Hay que ver qué dice el resto de la oposición”, le dijo Mujica a Cardoso.

Y, a partir de entonces, parece que se hubieran abierto las puertas para una renegociación que obligará a Aratirí a llevarse bastante menos plata de la que pensaba. “La idea de que el margen de ganancia para el Estado será mayor al previsto ya está instalada y no tiene marcha atrás”, dijo uno de los operadores parlamentarios del gobierno.

Tal como está planteado el negocio, el Estado obtendría US$600 millones que se convertirían en más de US$ 1.000 millones de aplicarse el “fifty-fifty”.

Como explica el abogado y dirigente blanco Juan Andrés Ramírez en la página siguiente, en 1970 se sabía que existía hierro en la zona de Valentines pero la tecnología de aquella época no estaba avanzada como para permitir una extracción más cómoda y rentable.

Eso ha cambiado y desde que la empresa Aratirí pidió para explotar de 6.000 a 12 mil hectáreas los políticos empezaron a sacar cuentas y a medir la magnitud de la excavación (uno de los cráteres tendrá un diámetro similar a la distancia que hay desde el Obelisco hasta la Puerta de la Ciudadela).

Aunque en buena parte del espectro político hay quienes se oponen frontalmente al proyecto Aratirí, la mayoría de los dirigentes se suman a la postura de pugnar porque el Estado se quede con una tajada más grande en este negocio.

“Yo estoy en contra de la megaexplotación minera, no contra Aratirí. Creo que hay que cuidar el medioambiente y el capital turístico que deja. Pero, ante los hechos consumados, la propuesta de Cardoso me parece la mejor”, dijo el presidente del Directorio blanco Luis Alberto Heber (Unidad Nacional). En una postura más o menos parecida está el líder de Alianza Nacional, senador Jorge Larrañaga, y el diputado Luis Lacalle Pou (Aire Fresco).

En el Partido Colorado también quieren sacarle más jugo al seco mineral. No apoyan la nacionalización del hierro pero es tán dispuestos a imponerle un impuesto “a las superganancias” si es necesario, según afirmó el diputado Walter Verri.

En tanto, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que está dispuesto a apoyar toda iniciativa que sirva para mejorar las condiciones del negocio con Aratirí. Incluso no descarta la nacionalización del hierro.

Pero advirtió que se debe encontrar el punto de equilibrio para que el interés de la empresa no decaiga.

Según estiman en el gobierno, los que se oponen a la explotación minera por razones ecológicas pueden terminar sumando a la causa de quienes reclaman que Aratirí se quede con una tajada menor de lo que extraiga. 

Ya que, como dijo Heber, si se va a hacer, más vale hacerlo mejor.

En el oficialismo las señales son claras sobre el cambio de rumbo adoptado en los últimos días. “Al llegar a la etapa de explotación es muy claro que el Estado, propietario de esos elementos, tiene que obtener el máximo posible de ingresos a través de los cánones directos”, dijo el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, el miércoles 27 durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

El secretario general del Partido Comunista, el senador Eduardo Lorier, también se mostró partidario de lograr “una mayor apropiación por parte del Estado de los recursos extraídos”. Y, al igual que la Vertiente Artiguista y de la Cap-L, considera necesario que el hierro sea industrializado para generar más cantidad de mano de obra. 

El Código de Minería a estudio del Parlamento establece además que 15% de todo el hierro extraído deberá ser ofertado para su comercialización en el mercado interno.

El grupo minero responsable de Aratirí (Zamin Ferrous Group) es de origen indio y pretende explotar un área que hasta el momento es utilizada para la cría de ganado y, en menor medida, para la producción agrícola. Allí viven varias familias que, de prosperar el emprendimiento, deberán dejar la tierra y se les pagará un canon del 2% del precio de venta del hierro que extraiga Aratirí de sus predios. 

La empresa ha dicho que está prevista la creación de 1.500 puestos de trabajo directo y hasta 15 mil empleos indirectos. Los productores de la zona dicen que esa cifra es exagerada.