Lima. El gobierno peruano prorrogó el viernes por 30 días el estado de emergencia en la norteña región de Cajamarca, donde pobladores rechazan un millonario proyecto minero de la estadounidense Newmont con protestas que dejaron cinco muertos en julio.

La medida autoriza la actuación de los militares en caso de que las protestas contra el proyecto Minas Conga de US$5.000 millones de Newmont Mining alteren el orden público en la zona, según un decreto supremo del gobierno.

Tras fuertes enfrentamientos entre la policía y población de la zona a inicio de julio la situación se calmó, pero el gobierno extendió la emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, y Hualgayoc -focos del conflicto- porque entiende que aún son escasas las garantías de seguridad.

El estado de emergencia busca "salvaguardar la integridad física de las personas, la propiedad privada y pública; así como mantener el orden público y el libre tránsito peatonal y vehicular", afirmó la presidencia del Consejo de Ministros.

El estado de emergencia suspende los derechos constitucionales de libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio donde rige la norma.

Las protestas antimineras amenazan a millonarios proyectos del sector, que suman unos US$30.000 millones en los próximos cinco años y que son considerados clave para financiar la promesa de mayor equidad social del presidente Ollanta Humala, quien cumplió un año de gestión la semana pasada.

Pobladores de Cajamarca rechazan el desarrollo del proyecto de Newmont y de la peruana Buenaventura porque temen que el emprendimiento minero afecte sus fuentes naturales de agua.

Newmont anunció recientemente que aceptaba las recomendaciones de un equipo de peritos que designó el gobierno para implementar un plan de mitigación ambiental más estricto en el proyecto Minas Conga, desatando una ola de protestas entre los pobladores de Cajamarca.

Los conflictos en torno al proyecto Minas Conga forzaron a Humala a realizar cambios en su equipo y a estrenar un tercer gabinete liderado por su ex ministro de justicia, Juan Jiménez, que tiene como una de sus principales tareas mitigar los conflictos sociales a través del diálogo.

Las víctimas en los conflictos sociales en Perú suman unos 15 desde que Humala asumió el cargo hace un año.