Lima. El gobierno de Perú se encaminaba a mediar este viernes en discusiones salariales para poner fin a la segunda huelga este mes en la mina Cerro Verde de Freeport-McMoRan, que produce el 2% del cobre mundial.

La mediación pondrá a prueba la capacidad del presidente Ollanta Humala, quien asumió el cargo en julio, para resolver los conflictos labores y medioambientales que surgen con frecuencia en el país sudamericano, donde las exportaciones de minerales tradicionalmente impulsan el crecimiento económico.

La huelga entró a su segundo día el viernes y el gobierno, en lo que pareció ser un esfuerzo para presionar a la compañía para que llegue a un acuerdo con los trabajadores, declaró como legal a la movilización.

Esto significa que la firma no puede contratar trabajadores temporales para cubrir a los empleados sindicalizados que paralizaron sus faenas.

Esta es la primera vez en la que un gobierno peruano declare legal una huelga en los 40 años de historia de Cerro Verde y la compañía ha llamado a revertir la decisión.

Los operadores de cobre dijeron que la movilización en la mina peruana había tenido un escaso impacto en los precios globales del metal rojo el jueves, debido a que la situación económica había eclipsado la huelga.

Los líderes sindicales dijeron que paralizarán la producción en la mina, pero el portavoz de Freeport Eric Kinneberg señaló que la producción no ha sido "afectada materialmente" por la huelga.

Kinneberg dijo que la instalación está operando con "supervisores y empleados que se ofrecieron a trabajar bajo condiciones de huelga".

La minera Freeport, con sede en Estados Unidos, controla la mina Cerro Verde, que produjo 312.336 toneladas de cobre en el 2010.

La minera local de metales preciosos Buenaventura también tiene una participación.

Los operadores de cobre dijeron que la movilización en la mina peruana había tenido un escaso impacto en los precios globales del metal rojo el jueves, debido a que la situación económica había eclipsado la huelga.

El contrato laboral de Cerro Verde expiró el 31 de agosto y sus 1.100 empleados se movilizaron previamente este mes durante cinco días para presionar a la compañía a firmar un nuevo contrato. Ellos regresaron a trabajar cuando el gobierno declaró que esa paralización era ilegal.

Freeport también afronta otra huelga en su gigantesco yacimiento indonesio Grasberg. Sus acciones cayeron un 2,9% este jueves a US$31,34.