Lima, Andina. El poder Ejecutivo envió al Congreso del Perú un proyecto de ley que plantea extender hasta el 31 de diciembre de 2020, el beneficio tributario de depreciación acelerada -establecido en el decreto legislativo N° 1058- que promueve la inversión en la actividad de generación eléctrica con recursos hídricos y otros recursos renovables.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, la demanda máxima del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fue de 4,588 megavatios (Mw) a diciembre de 2010, lo que representó un incremento de 6,1% con relación al año anterior, y se espera que esta tendencia continúe.

Se proyecta, de forma conservadora, que la demanda de potencial alcance los 7,432 Mw el 2017.

Para el poder Ejecutivo, la dependencia del SEIN con el gas natural continúa representando un riesgo creciente de presión hacia el alza de tarifas eléctricas y/o racionamiento de electricidad por déficit de generación.

En ese sentido, considera imprescindible continuar con la diversificación de la oferta de generación de electricidad a fin de asegurar el suministro constante de energía eléctrica que requiere el desarrollo económico y social del Perú.

Asimismo, indica que a la fecha existen importantes proyectos hidroeléctricos en proceso de concluir su factibilidad y decidir la inversión, los cuales son de vital importancia por los beneficios antes indicados.

“Por lo expuesto, resulta necesario prorrogar por única vez el beneficio concedido por el Decreto Legislativo N° 1058 por seis años adicionales contados a partir de la culminación de su vigencia, con el objeto de garantizar que se mantenga el interés de los inversionistas en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica a base de recursos hídricos u otros recursos renovables”, señala.

Asimismo, menciona que la aprobación del proyecto de ley coadyuvará a mantener el interés de los inversionistas en los proyectos de generación eléctrica que permitan asegurar el abastecimiento de la demanda de electricidad en el Perú y contar con tarifas más competitivas, lo cual redundará en beneficio de la población.

“Los costos para el erario nacional que puedan generarse como resultado de la prórroga del Decreto Legislativo N° 1058, actualmente vigente, no sería mayores a los beneficios potenciales”, añadió.