Lima. El gobierno peruano del presidente Ollanta Humala prometió este viernes mano dura para garantizar la paz social en el país, tras el rebrote de violentas protestas antimineras que han dejado unos 40 heridos por enfrentamientos con la policía.

Los conflictos son básicamente por temores medioambientales o en busca de mayores beneficios sociales del rico sector minero, clave para la economía de Perú, que registra un fuerte crecimiento desde hace algunos años.

"El Estado de derecho tiene que cumplirse con toda la fuerza necesaria, nosotros no vamos a aceptar que estos pequeños grupos hagan caos en el país", dijo el primer ministro Salomón Lerner, en una entrevista con la radio local RPP.

En la víspera cientos de manifestantes ingresaron a un puesto de control de la minera Antamina, una de las dos mayores productoras de cobre del país, ubicado en la región norteña de Ancash, ocasionando daños materiales, según la compañía.

La incursión en la minera controlada por las firmas BHP Billiton Ltd y Xstrata no afectó el transporte de mineral ni las operaciones de la mina Antamina.

En la protesta en Ancash manifestantes bloquearon además algunas carreteras y la policía tuvo que usar bombas lacrimógenas para dispersarlos. El viernes el tránsito de vehículos de carga y de pasajeros era restringido en la zona.

De otro lado, en la región andina de Apurímac la policía también se enfrentó con cientos de manifestantes que reclaman el desalojo de los mineros informales que contaminan la zona.

El viernes aún se producían choques entre manifestantes y la policía. La televisión local dijo que el comercio en la ciudad de Apurímac estaba cerrado y en prevención las autoridades habían suspendido las clases escolares.

La protesta podría extenderse contra operaciones formales.

En Apurímac se encuentra el proyecto de cobre Las Bambas de la gigante Xstrata, con una inversión prevista de US$4.200 millones, uno de los más grandes del país. La empresa comenzaría a construir la mina antes de fin de año y según los planes de la firma produciría desde el 2014.

Reto para Humala. El primer ministro Lerner afirmó que el gobierno mantendrá el diálogo para resolver las demandas de los pobladores, pero no aceptará presiones de "pequeños grupos violentistas".

"Vamos a respetar la propiedad privada y el libre tránsito y hemos estado coordinando con el ministro del Interior para que la paz social se imponga en este país", refirió.

Las conflictos son un reto para el izquierdista Humala, que busca reducir las más de 200 latentes protestas sociales en el sector minero y energético, que contemplan inversiones por 45.000 millones de dólares en la próxima década.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y zinc, el segundo de plata, el cuarto de plomo y sexto de oro.

Los dos nuevos brotes de violencia se producen en momentos en que el mayor proyecto de oro y cobre de Perú -propiedad de la estadounidense Newmont y con una inversión prevista de unos 4.800 millones de dólares- enfrenta el rechazo en la región norteña de Cajamarca por temores medioambientales.

Pese a las protestas, la agencia Fitch elevó en la víspera la calificación de la deuda de Perú, decisión que refleja la menor incertidumbre sobre la continuidad de la política económica durante el Gobierno de Humala.

La llegada de Humala, un militar retirado que ha moderado sus ideas de izquierda radical, a la presidencia del país andino en julio pasado había generado temor entre los inversores a un cambio en las reglas del juego.

Sin embargo, el mandatario hasta ahora ha dado continuidad a la mayor parte de las políticas que permitieron al país crecer a tasas similares a dinámicas economías como China.

Analistas afirman que Perú debe enfocarse en reducir los conflictos sociales para lograr una mayor estabilidad política si quiere continuar mejorando su calificación crediticia.