La inminencia de millonarios juicios contra el Estado uruguayo precipitó en el gobierno el cierre de Pluna el 5 de julio de 2012, lo que generó pérdida de conectividad aérea, miles de pasajes cancelados y una larga cola de acreedores, entre los que figuran desde proveedores privados hasta la petrolera estatal ANCAP por suministro de combustible.

Ahora, el Poder Ejecutivo admitió en la memoria anual 2012, publicada el viernes 1º de marzo, que los juicios iniciados en el exterior contra Pluna Sociedad Anónima –principalmente los iniciados por extrabajadores de Varig– podrían recaer sobre el Estado uruguayo “en su conjunto”. Por ello, los equipos jurídicos de Pluna Ente Autónomo continúan con su tarea de seguimiento y control de los diversos frentes judiciales, se informó.

La gran mayoría de las demandas llegaron desde Brasil, por parte de los extrabajadores de Varig, la empresa norteña que se asoció con el Estado uruguayo para gestionar Pluna.
Según se informó el año pasado, la justicia brasileña confirmó dos sentencias laborales por US$ 700.000 contra Pluna.

Las autoridades uruguayas previeron que con ese antecedente, los 7.000 empleados de Varig podrían seguir el mismo camino, lo que implicaría juicios millonarios para el Estado. Ese dato fue determinante para bajar la cortina de la compañía aérea. A su vez, un informe del estudio “Pinheroneto Advogados” de Brasil, contratado por Pluna Ente Autónomo, advirtió sobre “el riesgo” de que la compañía de bandera uruguaya pierda los juicios iniciados por exempleados de Varig.

En el listado de “proyectos y metas” para 2013 del organismo público uruguayo, que se dedicaba a gestionar y controlar el funcionamiento de la aerolínea, figura: “continuar la defensa de los intereses de Pluna Ente Autónomo y por consiguiente del Estado uruguayo ante los distintos procesos judiciales iniciados tanto en el país como en el exterior como consecuencia del cierre de Pluna SA”.

También se propone continuar con la colaboración al Poder Judicial y la Sindicatura en torno al proceso de concurso judicial de Pluna, iniciado tras el cierre de la empresa.
Según recuerda la memoria anual del gobierno en el capítulo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), esos procesos concursales se iniciaron también en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y España, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo que aprobar un “refuerzo extraordinario” para subsidiar los gastos por US$1.800.000, adjudicado el 20 de agosto de 2012.

En una entrevista realizada en diciembre de 2012, el presidente de Pluna Ente, Ignacio Berti, aseguró a El Observador que el Estado no deberá hacerse cargo de contingencias judiciales tras el cierre de la aerolínea.

“Hasta el momento no había ningún reclamo contra los socios (de Pluna SA), y a mi juicio sería un disparate que reclamaran directamente al Estado”, afirmó entonces.