Caracas. Tras la nacionalización, expropiación e intervención de varias empresas, el Gobierno venezolano se ha convertido en el mayor productor de azúcar, café y leche del país, mientras que mantiene una participación de supremacía en el procesamiento de harina precocida y arroz, lo que significa que prácticamente "monopoliza" la manufactura de cinco de los principales rubros básicos en la dieta del venezolano.

El economista Ángel Alayón, asesor de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), aseguró que la "reconfiguración" de la producción alimenticia coloca al Estado en posición privilegiada en el mercado de estos rubros, una razón más para rechazar las acusaciones de acaparamiento que desde el Alto Gobierno se han hecho contra el sector privado.

"Hasta hace poco el Estado cumplía sólo funciones de regulación y supervisión, pero desde unos meses se ha convertido en un importante actor del mercado, cuyas funciones no solo se limitan a la producción sino a la comercialización de materia prima y alimentos", dijo.

En los últimos 12 meses, el Gobierno ha pasado a ser propietario de las principales torrefactoras del país (Café Madrid y Fama de América), lecheras (Parmalat y Los Andes), 10 centrales azucareras, una productora de aceites (Diana) y varias procesadoras de cereales (Pronutricos, Proarepa y Monaca), entre otras empresas.

Alayón recordó que adicionalmente a este nuevo rol como productor, el Estado se involucra en la importación de materia prima, insumos y productos terminados, por lo que es "imposible" alcanzar el pleno suministro de insumos y "abastecer" al mercado de todos los rubros que necesita sin la expresa autorización del Ejecutivo.

Al margen de estas consideraciones, vale la pena recordar que según las estadísticas de Cavidea sobre la venta de alimentos en los cuatro primeros meses de 2010, leche y café fueron los rubros que experimentaron mayores retrocesos en el período analizado, reportando caídas de 15,2% y 4,2% respectivamente, en comparación con el mismo lapso de 2009.

Imposible acaparar. En respuesta a las acusaciones de acaparamiento que desde el Gobierno se han hecho contra la empresa privada, voceros de la Cámara de productores alimenticios no solo rechazaron las versiones sino que aseguraron que es improbable que el sector pueda cometer este tipo de ilícito.

"La Ley de Acceso a las Personas a los Bienes y Servicios es muy explícita en esta materia. Además, desde 2008 el Servicios Integrado de Control Alimentario (Sica) impide el acaparamiento" por el alto grado de fiscalización que impone, afirmó el abogado y asesor de Cavidea Gustavo Grau.

Destacó que según la layes, el acaparamiento solo está concebido para los bienes bajo régimen de control de precios, por lo que el concepto no aplica para rubros fuera de regulación.

En este mismo orden, recordó que sería un despropósito para la industria mantener grandes inventarios de productos regulados con el fin presionar el alza de precios, toda vez que ello solo es posible con la anuencia del gobierno.

"Los controles empiezan desde el momento que se despacha la materia prima hasta la venta del producto al comercio final. Es imposible que la industria pueda acaparar", reiteró Grau.

Asimismo, señaló que aun cuando lo han solicitado desde hace varios años, el Sica no permite a las empresas enmendar las cifras de despachos cuando por algún imprevisto las empresas se ven imposibilitadas de hacer la entrega.

"Las diferencias son totalmente explicables, pero muchas veces se impide demostrar las razones de las desigualdades", acotó Grau.

Hacemos lo que podemos. Tomando como punto de apoyo la nueva realidad del aparato productivo, el presidente ejecutivo de Cavidea, Juvenal Arveláez, ratificó el rechazo del gremio a las acusaciones hechas por el Gobierno contra la empresa privada, y advirtió los efectos negativos que las confiscaciones están trayendo al mercado de consumo.

Expresamos nuestro desconcierto con las expropiaciones y decomisos por el impacto que ello tiene en la industria y en la soberanía alimentaria", dijo Arveláez, quien ratificó que las cerca de 100 empresas afiliadas a la cámara se encuentran laborando a 100% de su capacidad.

No obstante, reconoció que debido a diversos problemas, ha sido imposible para el sector elevar su poder de procesamiento, lo que, junto al aumento de la demanda en los últimos años, hace imposible satisfacer las necesidades del mercado.

Es más, dijo que dada su condición de productor, el Estado está obligado a contribuir con el abastecimiento de alimentos. "Así como nosotros tenemos que elevar la producción, el Estado también está obligado a incrementar la suya. Debemos hacer un esfuerzo conjunto", acotó.

Aun cuando muchas empresas del sector han asegurado en ocasiones recientes que debido a dificultades para obtener divisas oficiales han tenido que recurrir al mercado paralelo, el presidente de Cadivi afirmó que el flujo de dólares es normal.

"Hemos tenido algunos contratiempos, pero los hemos resuelto conjuntamente con las autoridades", dijo Arveláez, quien aseguró que el cierre del mercado permuta no ha tenido incidencia en la producción, toda vez que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ha honrado el compromiso adquirido de priorizar al sector alimentos.

Diálogo necesario. Hacer frente al déficit de materia prima que padecen algunas empresas del sector pasa, según el presidente de Cavidea, por la necesidad de diseñar una política de incremento a la producción primaria.

También cree preciso el desarrollo de estrategias que incentiven la producción industrial, lo cual significa apoyar los esfuerzos de los privados por incrementar la capacidad instalada y garantizar el derecho a la propiedad.

De allí que Juvenal Arveláez exigió la conformación de mesas de trabajo que permitan dirimir las diferencias entre Gobierno y sector privado, a fin de reforzar "el clima de confianza" que haría posible las nuevas inversiones.