Las tarifas eléctricas en Venezuela nuevamente están bajo la lupa del gobierno, próximas a cumplir nueve años congeladas. Técnicos y asesores gubernamentales aseguran que el tema se analiza desde hace tiempo, y que existe una amplia conciencia de que un aumento es necesario para mejorar el perfil financiero de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Cuentan fuentes del sector que un informe que reposa en manos del Ejecutivo nacional da luces de alerta sobre la inconveniencia de no ajustar los cánones del servicio en un tiempo perentorio.

Corpoelec está entrampada. El ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, pese a haber mostrado convencimiento de que "el mecanismo más eficiente para inducir la eficiencia energética es el precio de la electricidad", ha señalado que la medida debería ser definida una vez mejorada la calidad del servicio. Asimismo, sostiene que la aplicación de un aumento de tarifas no es una decisión que le pertenezca.

Sin embargo, fuentes familiarizadas con el tema señalan que en el despacho eléctrico se ha retomado tímidamente el debate, toda vez que existen elementos que presionan, de alguna manera, una decisión al respecto.

Como primer factor, se tiene que la unificación de salarios que se estudia, y que forma parte de un compromiso con los trabajadores de todo el sector eléctrico, pudiera elevar más aún el déficit de caja que muestra la corporación eléctrica.

Se prevé que si la definición de salarios apunta a la lógica, y se unifican con el mayor sueldo de las filiales, la situación se complicaría sustantivamente para el gobierno, y sus cuentas. Si se busca un punto medio, igualmente se requerirá un mayor flujo de caja, y posiblemente haya descontento laboral.

Las tarifas, en este escenario, o bien tendrían que ser aumentadas a escala nacional, o podrían mantenerse diferencias por cada región, tal y como están actualmente. Este es también un punto que debe ser discutido y cuya respuesta no es cosa fácil, comentó el informante.

El propio ministro Rodríguez Araque ha señalado que en la actualidad la recaudación apenas sirve para pagar 50% de la nómina, situación catalogada por el titular de electricidad como una ineficiencia financiera para cualquier empresa.

También se discute ampliamente la conveniencia o no de aplicar un ajuste tarifario al alza, mientras el servicio que se entrega es cuestionado, o si serviría como mecanismo para generar conciencia del uso de la energía.

El ex director de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados (Opsis), Miguel Lara, es de la opinión de que lo usuarios no deben ser castigados con un aumento de tarifas, pues lo que ha ocurrido es que ha disminuido la eficacia de la gestión comercial.

Lara señala que 40% de la electricidad que se genera no se factura, y acota que de acuerdo con estándares, es un porcentaje elevadísimo, considerando que debe girar en torno a 10% y 15%. Luego, de lo que se factura (60% restante), solo se cobra la mitad.

"Las empresas deben corregir sus problemas antes de cargarles un ajuste a los usuarios. Luego de eso deben evaluar sus sistemas de recaudación, sus inversiones, sus costos y gastos, y entonces con base en eso se hace una estructura tarifaria que aunque no dé ganancia al menos las remunere, pues ese es el esquema socialista", dice Lara.

Por otra parte, proveedores de servicios de la estatal eléctrica aseguran que la empresa les debe facturas del año pasado, lo que evidencia la grave crisis financiera que atraviesa la corporación.

Para un conocedor del área, que prefirió no ser identificado, el ajuste al alza del importe del servicio eléctrico no es que es necesario desde el punto de vista económico, sino "absolutamente imprescindible".

Sostiene que un aumento no implica un gran impacto inflacionario, si se adelanta previo a él, una adaptación del sector industrial a maquinarias más eficientes y un plan de uso racional de la electricidad.

En el sector residencial, existe ya de hecho un ajuste tarifario encubierto con el nombre de penalización por consumo excesivo. En este sentido, el analista sostiene que el aumento debe ser por tramos de consumo, hasta llegar a las tarifas sociales con sus consideraciones especiales.

Los afectados

La presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López, se mostró en desacuerdo con un incremento en las tarifas. Su tesis concuerda con la idea de que mientras no se entregue un servicio eficiente, no puede aplicarse un ajuste.

Para López ya existe de hecho un cobro indebido, cuando se penalizan los consumos por encima de 500 kilovatios. Exigen al ministro de Electricidad un encuentro en el que se les explique a los usuarios la manera en la que serán compensados por los artefactos eléctricos deteriorados por los apagones, y hasta cuándo durará la inestabilidad que atraviesa todo el entramado eléctrico.

"No es la colectividad la responsable de los males del servicio, la demanda en todas partes del mundo crece cada año y existen planes que deben responder a ella. En el país la desinversión es la única culpable de la situación actual", señaló López.