En el acuerdo, para hacer frente al millonario plan quinquenal anunciado por Evo Morales, el gobierno ofreció seguridad jurídica, mientras los empresarios demandaron mayores incentivos estatales.
La Paz. Tras cuatro años de duros enfrentamientos políticos, el gobierno y los empresarios privados de Bolivia acordaron trabajar codo a codo en un ambicioso plan quinquenal de desarrollo que prevé una inversión sin precedentes de US$32.000 millones.
El presidente Evo Morales anunció el acuerdo el martes, al informar sobre un debate entre autoridades y líderes empresariales realizado el día anterior, en el que el gobierno ofreció seguridad jurídica y los empresarios demandaron mayores incentivos estatales.
"No quiero cinco años de pelea sino cinco años de trabajo", dijo en conferencia de prensa Morales, quien parece ahora empeñado en equilibrar sus políticas entre el pragmatismo de su aliado brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el duro discurso socialista de su otro amigo, el venezolano Hugo Chávez.
El gobernante boliviano puso en marcha una política de estatización de la economía en su primera gestión y acaba de iniciar un segundo mandato quinquenal, tras ganar en diciembre una histórica reelección con 64% de votos.
El acuerdo para conformar un consejo permanente de coordinación fue facilitado por un reciente cambio en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en cuya presidencia el empresario Daniel Sánchez de La Paz reemplazó a Gabriel Dabdoub, del distrito oriental de Santa Cruz.
Sánchez planteó "un acuerdo por la producción y el empleo para impulsar el desarrollo humano" y ofreció una inversión privada local de US$1.000 millones en el período 2010- 2015, según reportaron medios locales. "Pedimos al gobierno y al Estado que nos ayude, pues nosotros estamos también dispuestos a ayudarlo", dijo.
Morales dijo el martes que designó a tres ministros para el consejo de coordinación Gobierno-empresas y convocó a los empresarios a invertir no sólo por su cuenta sino dotarse de la capacidad técnica necesaria para ser los principales ejecutores de las inversiones estatales.
"Queremos que empresas bolivianas se adjudiquen las principales obras (...) la Constitución (vigente desde el 2009) garantiza la economía plural, problemas de seguridad jurídica no hay", dijo el mandatario.
Agregó que "la mejor forma de garantizar la seguridad jurídica o la propiedad es resolver los problemas sociales. Si somos aliados gobierno y empresarios para resolver los problemas sociales, automáticamente se resuelve la preocupación de los empresarios que es el tema de seguridad".
