Colombia encara hoy un dilema por la subasta de un espectro que tiene el poder de conectar a su población más desprotegida a los servicios de telecomunicaciones y ampliar éstos hacia las zonas rurales más apartadas, pero esa licitación también ya sufre la frialdad de los operadores que no ven condiciones político-económicas y regulatorias para ir por ella, cuando hace apenas seis meses mantenían un discurso de entusiasmo para explotarla en redes 4G y de ahí el entonces ruego porque se definiera el concurso de la banda de los 700 MHz.

Las sanciones impuestas por el Estado colombiano a las filiales locales de Telefónica y América Móvil a mitad del 2017 por una suma conjunta y cercana a los US$1.700 millones de dólares -4.7 billones de pesos colombianos- para finiquitar una controversia por una ley de reversión de activos de hace más de dos décadas, es el motivo por el que la industria ahora se haya unido y dicho no a la licitación de ese espectro.

Tigo de Millicom International Cellular; Claro de América Móvil y Movistar de Grupo Telefónica perfilaron el martes un posible desinterés por la licitación y lo hicieron saber a través de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), la cámara que agrupa a los operadores que en conjunto atienden al 94.1% del mercado colombiano.

Claro y Movistar se encuentran descapitalizadas por las megamultas de julio, pero pagadas ya en agosto pasado; ambas empresas tuvieron que recurrir a compromisos financieros de carácter internacional para cumplir con las penalizaciones, al tiempo que enfrentaron los vaivenes de sus acciones en bolsa y el impacto económico a su operación diaria.

La posición de convergencia de las telefónicas contra la licitación del espectro de los 700 Megahercios se conoció al mismo tiempo que el Estado presentaba una segunda propuesta al respecto de la subasta, un claro mensaje de su molestia por las acciones del Estado contra Claro y Movistar.

“Hasta hace seis meses todos querían que se licitara esas frecuencias, porque los operadores advertían que con ese espectro se llegaría verdaderamente a la base de la pirámide, a conectar todas las zonas rurales y las zonas conurbadas, alcanzado la conectividad universal, pero, parece, no será así”, dice Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy & Law.

Lo presentado por el gobierno colombiano es todavía un borrador de lo que será la licitación definitiva y sale a la luz un año después de la primera propuesta -febrero de 2017-, pero en esta ocasión el regulador redefinió los topes de espectro o caps por los que los operadores pueden competir; ahora más al gusto de las telefónicas y mientras que un año atrás se habían definido bloques de 30, 20 y 10 MHz, esta vez las porciones corresponden a paquetes de 10 MHz, un atractivo que no dobló a los miembros de la Asomóvil en su no al proceso.

El Estado, vía el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, también eligió un modelo de subasta conocido como reloj ascendente de pujas sucesivas, frente al aquel propuesto anteriormente con ofertas a sobre cerrado. Este incentivo tampoco llamó la atención de las telefónicas, que también han pedido reformas al marco regulatorio.

Los operadores afirmaron que no es un momento idóneo para que Colombia dirija un proceso licitatorio, cuando el mercado liga dos años con números rojos y cuando, debido a las sanciones para los dos grandes operadores del sector, se perfilan tres años más de impactos negativos.

“Manifestamos preocupación por la improcedencia de una subasta de espectro, ya que no contaría con participación de las empresas asociadas en la Asomóvil, que representan 94.1% del mercado móvil del país”, dijo el órgano. “Cargas regulatorias y fiscales; inestabilidad jurídica, sumados a la coyuntura electoral del momento, hacen inviable una subasta de espectro que exige mayor inversión y la garantía de prestación de servicios de telecomunicaciones a tarifas favorables para los usuarios”.

El mismo gobierno reconoce los débiles datos del mercado. Para el tercer trimestre del 2017, los ingresos de los operadores cayeron 12.7% en relación al mismo lapso del 2016, para quedar en 1.02 billones de pesos colombianos. América Móvil y Grupo Telefónica presentarán los resultados financieros de sus operaciones en Colombia para el último tramo del 2017 a mitad de febrero próximo.

Lo Asomóvil acompaña esos números con la información de que la inversión de las empresas pasó de 4.55 billones de pesos en 2013 a 3.34 billones de pesos colombianos en 2016, cifras inferiores a los datos reportados para 2012.

El borrador de la subasta de los 700 MHz estará disponible un mes para los comentarios de la industria, pero quienes ya le hicieron un primer desdén al espectro que puede significar uno de los mayores impactos positivos para el sector de las telecomunicaciones colombianas en la siguiente década, pues no sólo con este proceso se advertía la conectividad de Colombia, sino el ingreso del país a nuevos servicios basados en Internet de las cosas (IoT) y nuevos estándares de comunicación como el 5G.

“Hasta hace seis meses todos querían que se licitara esas frecuencias, porque los operadores advertían que con ese espectro se llegaría verdaderamente a la base de la pirámide, a conectar todas las zonas rurales y las zonas conurbadas, alcanzado la conectividad universal, pero, parece, no será así”, dice Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy & Law. “Se han unido y están viendo todos que no hay condiciones para licitar espectro, pese a que ya lograron forzar los topes de espectro a su favor y otras modificaciones”.

La decisión de Colombia con el tema de la reversión de activos obliga a las empresas a redefinir sus planes; Telefónica, por ejemplo, tendrá que decidir entre salir a bolsa con esa filial para levantar capital o animar al gobierno a desprenderse de su participación para que le resulte más atractiva la operación o en el caso extremo, vender su participación y salir del país. América Móvil se encuentra redefiniendo sus planes también; por ahora ha confirmado la interposición de un recurso contra la decisión de los tribunales.

“Colombia estuvo llevando durante una década a los niveles más altos de la reflexión los tema de política regulatoria; tuvo la primera agenda digital de América Latina y perfiló mucho antes que México propuestas de licitación de la banda de los 700 MHz”, dice Jorge Fernando Negrete, de Mediatelecom.

“Ahora está en un aprieto; la inversión está colapsando. Si no fueran empresas trasnacionales, las sanciones hubieran quebrado a esas empresas; fue un golpe a su estructura financiera y ahora ese es el resultado: no ven cómo interesarse por espectro y entonces una posibilidad es que se traslade los costos al usuario con tarifas más caras o se les castigue con falta de cobertura, ya no 5G, sino 4G, hasta que logren equilibrarse en sus números y eso es injusto para los colombianos”.