Quito. En un intento por dejar sin efecto las licencias exigidas por el gobierno para importar, un gremio automotor acudió a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que se investigue la medida que rige en Ecuador desde mediados de septiembre y que, aduce, limita el ingreso de vehículos.

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), que semanas atrás advirtió que se usaban esas licencias para restringir las importaciones a quienes el régimen consideraba que habían pasado su cupo, presentó ante la Secretaría General de la CAN la solicitud para que de oficio investigue si la medida cumple o no la normativa de la comunidad.

Al hacerlo, el gremio expone algunos motivos con los cuales considera que la medida no procede, pues años atrás Ecuador aplicó un mecanismo similar que derivó en una sanción.

Y para la Aeade, volver a exigir licencias para importar, constituiría un desacato. Además, esta asociación alega que la actual normativa de la CAN prohíbe el uso de licencias.

Este tipo de licencias, según empresarios, solo pueden ser aplicadas para controlar el cumplimiento de la normativa de calidad o relacionada con la seguridad y protección de la vida y la salud de las personas, animales y plantas.

A inicios de octubre, esa asociación denunció que el Gobierno había dispuesto la aplicación de licencias de importación para “imponer de forma ilegal, no transparente y discriminatoria, restricciones de importación de hasta el 20% a algunos productos, entre ellos, los vehículos”.

Clemente Ponce, director de la Aeade, sostuvo que al acudir a la CAN buscan “que se levante la medida para así evitar el perjuicio que se está causando”.

El dirigente refirió que desde la implementación de las licencias varias compañías no pueden importar vehículos y “cada vez hay más que están cumpliendo con sus cupos y se les están negando licencias”.

Actualmente, en el mercado no hay disponibilidad de ciertos modelos, especialmente en el segmento que va de US$12.000 a US$20.000.

Pero funcionarios del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Industrias, que emite las licencias, han descartado que esta medida tenga la finalidad de frenar las importaciones, sino que el objetivo es hacer un monitoreo. Además, refieren, que las licencias son una herramienta autorizada por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Conocida la solicitud presentada por la Aeade, la CAN debe requerir información al Gobierno respecto a la aplicación de esta medida. En procedimientos de este tipo, la Secretaría de la Comunidad Andina inicia la investigación y después el Tribunal Andino de Justicia sentencia ante un eventual incumplimiento.

El viernes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración confirmó que han recibido la comunicación de la CAN sobre este tema y alista sus argumentos. “La Cancillería se encuentra preparando la respuesta para defender la legalidad de la medida, esta respuesta será enviada la próxima semana”, según esa entidad.

Un asesor de una empresa importadora automotriz indicó que las “licencias son consideradas atentatorias al libre comercio de bienes y van en contra del acuerdo de Cartagena y otras normas comunitarias” a las que Ecuador está suscrito.