Entre los principales extractores está el intendente Édgar Chávez; su padre, el concejal Óscar Chávez; el presidente de la Junta Departamental, Fidel González, y el edil regional Raúl Acosta.

Los propietarios de 11 lotes y algunos arrendatarios se convirtieron en los nuevos potentados de Paso Yobái, mediante la explotación ilegal del oro.

Entre los principales extractores están el intendente de Paso Yobái, Édgar Chávez (ANR); su padre, el concejal departamental de Guairá, Óscar Chávez; el presidente de la Junta Departamental, Fidel González (PLRA), y Raúl Acosta (PLRA), edil regional.

Los propietarios de los citados lotes obtienen grandes ganancias con el alquiler de sus parcelas a los políticos locales, que con la extracción y comercialización en negro del oro se volvieron ricos “de la noche a la mañana”, según consigana el sitio ABC Color.

Monopolio. Entre los principales “mineros” están el intendente de Paso Yobái y su padre, Óscar Chávez, ambos de la ANR. También los concejales departamentales Fidel González (presidente) y Raúl Acosta, ambos liberales, y Gustavo Melgarejo, convencional colorado (cartista).   

De acuerdo a versiones de los mismos, sacan un promedio de 25 kilos por mes sin aportar absolutamente nada al Estado.   

En los últimos tiempos, pagan una tasa municipal creada por Édgar Chávez, para supuestamente trabajar legalmente.

El grupo de políticos, entre finales de enero e inicios de febrero, propiciaron una violenta manifestación contra la empresa minera Latin American Minerals SA (Lampa SA), que tiene la concesión estatal para la exploración y explotación de las minas de oro.   

El gobernador de Guairá, Gustavo Alfonso (ANR); los diputados César Marcelino Garcete (PLRA), Cándido Aguilera (PLRA), Elvis Balbuena (PLRA) y el presidente de la Comisión de Minas y Energía de la Cámara de Diputados, Juan Antonio Denis (PLRA), apoyaron la movilización.  

Los miembros del grupo de los políticos-mineros crearon un clima de terror en la comunidad, perjudicando a pobladores ajenos a la actividad minera que ellos realizan, incluso con la contaminación de arroyos.   

Los políticos, para defender sus intereses, obligaron a los comerciantes de la zona a “adherirse” a la movilización, cerrando sus negocios, bajo advertencias.   

La Policía Nacional y la fiscalía no actuaron, ni siquiera cuando retuvieron dentro de la empresa Lampa SA, en forma ilegal, a 35 personas, entre directivos y personales, y golpearon al corresponsal de ABC Color en la zona, Guido Pérez.