La cúpula empresarial de Guatemala demandó al gobierno declarar estado de sitio en todo el país si es necesario para redoblar el combate a la inseguridad, que azota diferentes regiones.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) criticó al gobierno por actuar tardíamente para evitar la masacre de 27 jornaleros en Petén, cometida el fin de semana por supuestos miembros del grupo narcotraficante Los Zetas, en una zona cercana con México.

“Nosotros somos los que pagamos los impuestos, por lo que tenemos derecho de exigir que se actúe contra la inseguridad”, dijo Juan Antonio Busto, vicepresidente del Cacif a medios de prensa guatemaltecos Prensa Libre y Siglo XXI.

Agenda propuesta. El comité presentó al gobierno una agenda de 16 puntos para el combate a la inseguridad, en los que incluye políticas de seguridad y defensa, la reestructuración del sistema nacional de inteligencia, la aprobación de un reglamento para el servicio civil, reingeniería del sistema penitenciario, fortalecer al Ministerio de Gobernación y actualizar la doctrina militar.

Desde hace 10 meses, el gremio solicitó al gobierno que implementara estados de sitio donde estimara necesario. “Si es necesario, que lo hagan", respondió Busto a la pregunta de periodistas sobre la conveniencia de aplicarlo en todo el territorio.

La lucha contra la inseguridad es un tema urgente, que no puede esperar hasta después de las elecciones presidenciales, pactadas para el 11 de septiembre, sostienen los empresarios.

El presidente Álvaro Colom rechazó la propuesta, con el argumento de que el gobierno carece de recursos. “Si ellos pagaran más impuestos, si muchos empresarios no fueran evasores de impuestos, podríamos poner estado de sitio a nivel nacional. Creo que es un argumento inválido”, apuntó el presidente.

Sin embargo, los empresarios responden que los ingresos del Ejecutivo han crecido un 30%. "No sabemos qué ha hecho con los recursos”, lamentó el vicepresidente del Cacif.

La lucha contra la inseguridad es un tema urgente, que no puede esperar hasta después de las elecciones presidenciales, pactadas para el 11 de septiembre, sostienen.

"Yo prefiero estar vivo para llegar a votar y el proceso eleccionario está en riesgo por la inseguridad en Guatemala”, remató Bustos.

Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, evitó pronunciarse sobre si es apropiado instituir la emergencia semanas antes de las elecciones.

“No sé si realmente eso afecta el proceso electoral y debería hacerse un análisis para poder decir si la medida es oportuna”, reflexionó el procurador.

El gobierno guatemalteco está en jaque después de que presuntos militantes de Los Zetas asesinaran y decapitaran a 27 jornaleros que trabajaban en la finca Los Cocos, La Libertad, en Petén, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Según la hipótesis de las autoridades, Otto Salguero, hijo del propietario de la finca, habría robado un cargamento de 2.000 kilogramos de cocaína a Los Zetas y luego comenzó a extorsionarlos. Los narcotraficantes se presentaron al lugar a buscarlo, pero al no encontrarlo, ejecutaron a los trabajadores como represalia.

Colom instauró el martes estado de sitio en Petén, por 30 días, y desplegó a policías y ejército en búsqueda de los criminales. Desde entonces, se han realizado tres detenciones relacionadas al caso.