El presidente Otto Pérez propondrá cambios a las leyes mineras de ese país, como parte de un paquete de reformas constitucionales que serán enviadas al Congreso el 16 de julio para su revisión.

Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala dijo que seguirá adelante con una propuesta para que el Estado pueda adquirir hasta el 40% de los nuevos proyectos mineros, pese a peticiones del sector para que desista el plan.

El presidente Otto Pérez propondrá cambios a las leyes mineras de ese país, como parte de un paquete de reformas constitucionales que serán enviadas al Congreso el 16 de julio para su revisión.

La cámara minera de Guatemala está presionando para que el gobierno deseche el plan argumentando que inhibirá la nueva inversión, clave para el desarrollo del país centroamericano.

Pero Fernando Carrera, uno de los principales asesores presidenciales y quien colaboró en la reforma, dijo que el gobierno seguirá impulsando el plan, que ha recibido hasta ahora más apoyo que críticas.

La semana pasada, los informes preliminares de la propuesta golpearon las acciones de la mineras canadienses que operan en Guatemala, como Tahoe Resources Inc., que desarrolla el proyecto de plata Escobal, valuado en US$500 millones.

Pérez, un conservador general retirado que asumió la presidencia en enero con la promesa de impulsar los ingresos de estatales mediante proyectos mineros, dijo que en caso de que se aprueben las nuevas reglas sólo aplicarían para futuros proyectos.

El país tiene minas de oro, plata y níquel, pero algunos proyectos han enfrentado la oposición de la población indígena local, que se queja de contaminación y expropiaciones de terrenos.

Las reformas constitucionales requieren ser aprobadas por dos terceras partes de los 158 integrantes del Congreso, en el que el Partido Patriota de Pérez tiene 63 asientos, menos de la mayoría que requiere.

Sin embargo, el gobierno ha dicho que podría ganarse el apoyo de otros pequeños partidos representados en la cámara.

La cláusula minera es sólo una parte de un paquete de 68 páginas, que incluye otras reformas legislativas y judiciales.