Los encargados de Industria y Comercio sabían del hecho desde hace tres meses, según manifestó el viceministro de esta cartera y no desde hace 15 días, como denunció el ex ministro Francisco Zelaya.
Tegucigalpa. Hasta ocho lempiras (US$0,4) de descuento tienen gasolineros, según denuncias de empresarios de la costa norte, pero la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) aún estudia hipótesis del sonado contrabando de carburantes.
Las autoridades de Industria y Comercio sabían del contrabando de combustibles desde hace tres meses, según manifestó el viceministro de esta cartera, Juan José Cruz, y no desde hace 15 días, como denunció el ex ministro Francisco Zelaya.
El ex funcionario reveló, minutos después de renunciar, que la información le había sido dada 15 días atrás por las autoridades de la Comisión Administradora de Petróleo (CAP).
Los cuestionamientos de la población sobre la tardía denuncia de Zelaya se refuerzan con las afirmaciones de Cruz.
Aunque el viceministro confirmó el contrabando, que asciende a 20 cisternas semanales y ha dejado a la fecha pérdidas por 78 millones de lempiras (US$4 millones) al fisco, no señaló a responsables del delito y se limitó a dar teorías sobre el posible actuar de los contrabandistas.
“Hace tres meses comenzamos a notar que a pesar de que el consumo de combustibles no ha bajado y las alzas en el producto, los impuestos venían en detrimento, lo cual es complemente absurdo”, detalló al calificar este comportamiento como el primer indicador de alerta sobre el trasiego.
La hipótesis manejada por las autoridades es que los barcos con el combustible llegan desde las Antillas Menores (Gran Caimán, Granada, Curazao) a Islas de la Bahía, luego llegan a tierra en pequeñas embarcaciones que ingresan a través de La Ceiba.
“Si hay certificados que son usados más de una vez para ingresar combustible al país, quiere decir que ahí hay un problema que puede estar dándose a nivel de la DEI”, detalló.
La denuncia del nuevo “gasolinazo” recuerda el primer escándalo de esta índole que ocurrió a finales del gobierno de Ricardo Maduro y se teme que al igual que en aquella ocasión no haya castigo para los culpables.
Cruz refirió que la tarea de señalar responsables le corresponde a otras autoridades.
