Tegucigalpa. Las confederaciones campesinas de Honduras suspendieron cualquier medida de presión para darle el tiempo necesario a una comisión especial del Congreso Nacional de ese país que elabora un dictamen sobre un proyecto de ley conocido la semana pasada que busca eliminar la mora agraria.

Por ahora, no hay ningún plan para hacer movilizaciones pero hay un ambiente de alerta luego de que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara la inaplicabilidad del decreto 18-2008 por medio del cual se pretendía resolver más de 500 expedientes engavetados en el Instituto Nacional Agrario.

Al conocer esta resolución del Poder Judicial, el Congreso Nacional -en coordinación con el Poder Ejecutivo- elaboró un nuevo proyecto que sustituye al declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

"No estamos propiciando movilizaciones porque implican costos económicos, sacrificios de mujeres, de niños y ancianos. Lo que más pretendemos es que se nos escuche a través del Legislativo y que de alguna manera podamos resolver este problema", afirmó el secretario general del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), Santos Cornelio Chirinos.

El dirigente apeló a la "buena voluntad" de la Federación de Ganaderos y Agricultores de Honduras (Fenagh), para que no presente otro recurso de inconstitucionalidad al nuevo decreto que seguramente aprobará el pleno del Congreso.

Hasta ayer la Fenagh todavía no se había pronunciado sobre este problema agrario que tiene su origen en las ocupaciones masivas de tierras por parte de campesinos que el Estado nunca resolvió y se fueron acumulando al extremo de que hay casos que tienen hasta cuarenta años.

"No vamos a parar hasta que tengamos resuelto este problema", dijo el secretario general del Cococh, quien recordó que ellos están actuando con responsabilidad al ver la buena disposición del Congreso Nacional de resolver este caso.

Por su parte, el secretario general del Consejo Nacional Campesino (CNC), José Obdulio Fuentes, pidió a la comisión de diputados que estudia el caso agrario darle el tratamiento necesario a este problema para que no se vaya a agravar.

"Queremos ser serios y responsables, que los procedimientos sean diferentes a fin de que caso por caso se vaya resolviendo", añadió.

Lamentó el momento en que se pronunció la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que "políticamente le pudo dar un mejor tratamiento" a este caso.

Los magistrados "no tomaron en cuenta la semejante crisis que estamos pasando", dijo Fuentes.