Tegucigalpa. El  Congreso Nacional aprobó el 17 de noviembre un contrato por 16 años a la empresa Westport de EE.UU. para generar 100 megavatios a base de gas natural.

Ya ni en las reuniones de junta directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se habla respecto al destino que tendrá el contrato adjudicado a la firma Westport.

El representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn, ante la directiva de la ENEE, expresó que no tienen noticia de Westport y que tampoco conoce quiénes son los representantes de esta compañía.

Bográn expresó que la estatal eléctrica transita por muchos problemas y que el nuevo gerente, Emil Hawit, incurriría en un error si se centrara de manera exclusiva en el referido convenio.

“Existe un proceso administrativo que se tiene que manejar en la ENEE, además, es la empresa más importante del país”, indicó.

Según Bográn, durante las primeras horas de haber asumido su cargo, Hawit se reunió con los abogados para que le brindaran una opinión legal respecto a este contrato.

“Aunque esto parezca cajonero, el nuevo gerente debe tener el tiempo suficiente para empaparse respecto a los temas que conciernen a la ENEE”, expresó.

Luego de la renuncia del gerente de la estatal, Roberto Martínez Lozano, existe incertiumbre respecto al destino que se le dará a este convenio.

La posición del director del Cohep, Armando Urtecho, es la de que este contrato sea anulado porque Westport incumplió el acuerdo desde un principio.

El ex gerente de la ENEE, Martínez Lozano, ha advertido que el gobierno se enfrenta a una demanda por no brindar un acuerdo de apoyo que garantiza el pago de la energía consumida en el caso de que la ENEE no lo haga.

El actual gerente de la estatal eléctrica ha sido sincero ante los medios de comunicación respecto a que necesita la opinión legal para tomar una decisión. Los representantes del consorcio Westport no se han pronunciado al respecto ante los medios.

La empresa estadounidense debió comenzar a generar 50 megavatios de emergencia el 24 de enero de 2011, o sea, 60 días después de que se publicó el contrato en el Diario Oficial La Gaceta, pero incumplió.