Tegucigalpa. La Comisión Especial que dictaminará sobre el proyecto que busca ponerle fin al problema agrario ya llegó a un acuerdo sobre la forma que el Estado pagará a los empresarios las tierras que ocupan los campesinos desde hace muchos años.

Hasta 500 mil lempiras (US$26 mil) en indemnización el pago será en efectivo, de 500 mil a cinco millones los terratenientes recibirán un 40% en efectivo y un 60 % en bonos agrarios en condiciones de mercado y de cinco millones (US$258 mil) en adelante habrá un desembolso en efectivo del 25% y un 75% en bonos.

El diputado pinuista Toribio Aguilera, miembro de la comisión, destacó que al llegar a un acuerdo sobre la forma de pago se le está poniendo punto final al conflicto que estuvo a punto de agravarse con la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia del decreto 18-2008.

Por medio de este decreto, el Instituto Nacional Agrario (INA) ya había otorgado títulos de propiedad a 280 casos (de 480 expedientes engavetados) cuyo destino era incierto a partir de la inaplicabilidad del decreto, pero todo apunta a que estos casos no serán afectados con la resolución judicial.

Aguilera dijo que la Comisión Especial ya identificó los fondos en la secretaría de Finanzas para pagar las indemnizaciones a los propietarios legítimos.

Los campesinos, que no serán desalojados, se comprometerán a pagar al Estado las tierras a través de un sistema favorable a largo plazo.

La Comisión Agraria le dio la razón a los propietarios de tierras que tienen una edad arriba de los setenta años, pues si se les paga mediante el sistema de bonos agrarios no podrán gozar de inmediato de estos fondos.

Sin embargo, una vez recibido el bono -siempre que sea bajo condiciones de mercado- el título valor puede ser vendido al sistema financiero nacional que lo pagará en efectivo al empresario, exigirá una comisión y años después cobrará el bono al Banco Central de Honduras (BCH).

Aguilera dijo que también hay acuerdos sobre el avalúo que se hará a la tierra ocupada, que será coordinado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Para fijar el justiprecio (valor de la tierra) se creará una fórmula que tomará en cuenta el precio de mercado de la zona, más el valor del catastro y luego se sacará un promedio.

"Estamos buscando fórmulas bien claras, no solo ver el tema de la mora agraria sino dejar líneas para que podamos superar el tema", expresó el congresista.

Esto quiere decir que el decreto que próximamente se someterá a consideración del pleno del Congreso no solamente incluirá la mora agraria, sino que serán objeto de expropiación -de acuerdo con la ley- aquellas propiedades que pasan del techo tolerado por la ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (300 hectáreas) que no estén cumpliendo con la función social.

La Comisión Especial del Congreso "reconoce la actitud del sector campesino y del sector empesarial, que están convencidos de que hay que buscarle una solución al tema", expresó el diputado Aguilera.
En lo que todavía no hay claridad es a partir de qué tiempo será ocupada una tierra.

Hay empresarios que quieren que sean solamente las tierras invadidas del año 2000 en adelante y otros que sea a partir de 2006.