Tras una breve explicación por parte de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el gobierno de Honduras llegó a la conclusión de que con la nueva tasa por aterrizaje en los aeropuertos de Honduras, no se afectará al rubro del turismo.

Fue durante la sesión de Consejo de Ministros de este martes cuando el titular de la DGAC, Manuel Cáceres, explicó en base a qué se tomó la decisión de aprobar el nuevo canon.

A juicio del funcionario, el presidente Porfirio Lobo y sus colaboradores “fueron sorprendidos” por quienes denunciaron que con la nueva estructura tarifaria llegarían menos vuelos charter a Honduras.

Cáceres explicó que los operadores de vuelos charter están al tanto del cobro, y que hasta ahora no han puesto oposición al mismo.

“Nos extraña la actitud que han tenido estos sectores del país (Cámara de Turismo de Honduras) que han manifestado esto. Los sorprendieron”, dijo Cáceres a los ministros.

Con la nueva estructura, los vuelos charter pagarán US$300 cada 90 días, operando con la frecuencia que ellos estimen conveniente durante ese período. Anteriormente pagaban 6,200 lempiras al mes con cuatro frecuencias en esos 30 días.

Los US$300 serán pagados también por los operadores que ingresen a Honduras esporádicamente, según explicó el titular de la DGAC, además de cuestionar que cuando las aerolíneas aumentan los precios a los pasajes “nadie nos defiende”.

No hay impacto. Tras la disertación del Cáceres, la mayoría de ministros estuvo de acuerdo en que la medida no impacta al rubro de turismo.

Concluyeron que es un tema que no hubiera sido llevado a Consejo de Ministros si existiera la comunicación necesaria y si se siguieran los procedimientos correctos.

Este lunes, el secretario de Soptravi, Miguel Pastor, prometió que solicitaría ante “Pepe” Lobo quedara sin efecto la nueva medida  de la DGAC, sin embargo, conocida la explicación se limitó a hablar sobre los procedimientos legales que se deben seguir.

Este martes el presidente Lobo se dedicó a escuchar a los ministros que han sido cuestionados por decisiones supuestamente irregulares, y que han sido criticadas por la población y varios sectores del país.