Tegucigalpa. Las empresas mineras que operan en Honduras están considerando la posibilidad de abandonar Honduras a raíz del 5% que pagarán sobre sus exportaciones para financiar la tasa de seguridad poblacional.

Luego de que el Congreso Nacional aprobará el decreto 105-2011, el 24 de junio de 2011, y estableciera ese impuesto a la minería, los empresarios de ese rubro han manifestado su preocupación, al extremo de analizar la posibilidad de cerrar operaciones en el país y buscar otras mercados donde los tributos no son tan elevados.

Ahuyentan inversión. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, advierte que de concretar esta amenaza, los mineros dejarían al menos 15.000 personas sin empleo, mientras el Estado dejaría de percibir por concepto de impuestos unos 400 millones de lempiras (US$21 millones).

Agregó que "uno de los rubros que podía venir al país inmediatamente porque hay gente interesada de Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, China Continental y otros países es la minería, esa es una actividad que podría generar algo así como 40.000 o 50.000 trabajos, y pagando impuestos pues prácticamente salvar al gobierno de Honduras; sin embargo, le clavaron un impuesto del 5% a la minería, esta es la manera de cerrar los negocios, en lugar de animarlas a que vengan".

Agregó que "lo que pasará es que unas 16.000 personas van a hacer colas ante el Congreso Nacional diciéndole muchas gracias por quitarnos la chamba, muchas gracias por quitarnos el pan de nuestros hijos, muchas gracias por no pensar en lo que están haciendo, porque ustedes solo piensan en mantener la burocracia y no piensan en generar trabajo".

Según el industrial, el gobierno perdería más o menos 400 millones de lempiras que las mineras pagan de impuestos. Esta cifra la basan en que hasta el momento este sector ha cancelado alrededor de 90 millones de lempiras (US$4,6 millones).

"Salió un diputado diciendo que las mineras no pagan, es el señor más desinformado que ha habido en el Congreso Nacional, yo tengo copias de los recibos de la DEI donde consta de que los mineros pagan más o menos 400 millones de lempiras, así que esa sería la primera pérdida; el presidente Lobo Sosa tenía que meter otro paquetazo, ya sería el quinto paquetazo, para sustituir los que están recibiendo ahorita las mineras", dijo en tono molesto el representante de los industriales.

Para reforzar las declaraciones de Facussé, los gerentes generales de las dos empresas mineras que mantienen sus actividades de exportación en Honduras presentaron sus pruebas de pago de impuestos a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a la Dirección de Fomento a la Minería y a las municipalidades donde operan, entre otras.

Santos Gabino Carbajal, presidente de la Asociación de Minería Metálica de Honduras (Anamimh), fue contundente al presentar las pruebas sobre el pago de impuestos.

"La única industria que recibe una dedicatoria especial es la minera, se le carga con 5% al valor de sus exportaciones, pero a su valor bruto, entonces no es solo un 5%, pero eso no se dice y la verdad es un 10%, pero no lo dicen porque causaría una alarma".

En la conferencia de prensa, los mineros se defendieron de tres acusaciones: no pagar impuestos, desconocimiento del contenido de las exportaciones y daños al medio ambiente.

"Estar viviendo en el pasado y tener como pantalla los pasivos ambientales de los tiempos de la colonia, eso es vivir totalmente aislados de los tiempos modernos", dijo Santos Gabino Carbajal.

La contribución. Los mineros aseguraron no estar de acuerdo con que se les grave con 1.300 millones de lempiras (US$68 millones) como parte del pago de la tasa de seguridad.

Consideran que el impacto de la tasa de seguridad, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, obligaría a una de las mineras a pagar a alrededor de 700 millones de lempiras y las otras mineras pagarían unos 600 millones de lempiras .

"Aquí lo que se está haciendo no es ahogando a las empresas mineras sino quebrando la economía nacional; en lo que respecta a las mineras, lo que correspondería es hacer una proporción de cuánto corresponde a una industria que tiene a dos empresas exportando, estamos dispuestos aportar, pero de acuerdo con las exportaciones", según el presidente de la Anamimh.

Añadió que "la verdad es que el documento que fue sacado del CN y que tiene ahora el presidente de la República es un adefesio jurídico que no tiene ni pies ni cabeza; si realmente recogen el dinero que piensan recaudar, es algo ilegal y discriminatorio".

Los mineros, igual que los demás sectores empresariales, confirmaron que impugnarán en forma conjunta con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Nacional de Industriales (Andi) el decreto 105-2011.

Marcos Bautista, gerente de distrito de Ampac, dijo que "antes de retirarnos del país habrá que abordar todos los recursos legales, incluyendo el diálogo con las autoridades de gobierno, de modo que se pueda salvaguardar la fuente de trabajo y que el Estado siga percibiendo impuestos de parte de la industria minera. Esto es un cambio de las reglas de juego, es muy abrupto y, por supuesto, tenemos que analizarlo con profundidad y si la decisión final depende de si no resulta rentable, en ese caso tendríamos que cerrar operaciones".

Según los documentos presentados por la Anamimh, en lo que va del año la empresa minera Minosa canceló alrededor de 50 millones de lempiras (US$2,5 millones) en impuesto y 48 millones Ampac (US$2,5 millones).

"En este año 2011 ya se pagaron 99 millones de lempiras como pagos a cuenta sobre la renta, tenemos documentación de los pagos que se han venido haciendo y tenemos la declaración presentada ante la DEI, por eso calculamos que en cuatro pagos que se harán en todo el año se concretarán unos 400 millones de lempiras", afirmó Carbajal.

De acuerdo con datos de Anamimh, en 2009 se pagaron 170 millones de lempiras en impuestos (US$9 millones), cifra que se supera en 2010 al sumar 210 millones de lempiras.

"Estas cifras se pueden comprobar con los documentos firmados por los bancos a la hora de realizar los pagos; el banco no emitiría recibos si fuera como dice el ministro de la DEI, (Oswaldo Guillen)".

Carbajal indicó que las compañías mineras cumplen con el pago de sus impuestos y puso como ejemplo que "el 2009-2010 se pagaron solo por Impuesto sobre la Renta 200 millones de lempiras.

Pero también se pagaron 300 millones de los proveedores locales, asimismo, 25 millones a cada comunidad donde hay un proyecto minero y explotación y se pagaron 6 millones mensuales por planilla de nuestros empleados.

No es que las empresas quieran irse sino que las están obligando a que se vayan con tanta carga tributaria que existe en Honduras, y esta industria apoya a unos 30,000 hondureños de forma directa e indirecta", argumentó Carbajal.

Los mineras aseguraron que el cobro del 1% al Impuesto sobre la Renta (ISR) es un tema que también les afectará, por lo cual se unen al Cohep para declararlo inconstitucional.

La meta de las mineras para 2011 ha sido la atracción de inversiones, sin embargo, todo hace indicar que no lo lograrán.

La meta de la Asociación de Mineros se ha enmarcado en atraer a diez empresas mineras, con inversiones promedio de US$300 millones cada una, en un período de seis años.