Evo Morales afirmó lo anterior durante la inauguración del V Congreso Internacional de Gas y Petróleo realizado en la ciudad oriental de Santa Cruz.

La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, informó este martes que indígenas bolivianos guaraníes aceptaron que se realicen actividades de exploración petrolera en su territorio, siempre que se cumplan las normas para áreas protegidas.

"Me han informado que los guaraníes avalan la exploración petrolera en áreas protegidas. Es una decisión sabia, responsable, el apoyar, y no estar sometidos a ONGs (organizaciones no gubernamentales), ni a fundaciones, menos a algunas personas extranjeras", afirmó.

Morales afirmó lo anterior durante la inauguración del V Congreso Internacional de Gas y Petróleo realizado en la ciudad oriental de Santa Cruz.

El mandatario saludó la determinación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca que aceptan la exploración de hidrocarburos dentro de sus territorios.

Cuestionó una supuesta afectación al medio ambiente, ya que el país sudamericano tiene 22 áreas protegidas, de las cuales se utilizará para labores petroleras 0,04%.

Dijo que también se respetarán las consultas previas a pueblos indígenas como marca la norma internacional, aunque los exhortó a evitar la "manipulación externa", pues perjudican con ello proyectos productivos.

Apenas la semana pasada, la APG resolvió impedir a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el ingreso a sus áreas protegidas para efectuar en ellas actividades de exploración y explotación petrolífera.

El pueblo guaraní rechazó entonces el decreto 2195 referente a la regulación porcentual de los recursos de compensación por labores extractivas en su territorio.

Se opuso también al decreto 2298 sobre la participación indígena en actividades hidrocarburíferas, así como al 2366 que autoriza estas labores en áreas protegidas.

La organización indígena calificó de inconstitucionales dichas normas, al argumentar que vulneran sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y leyes internacionales, como la consulta previa.

El 1 de julio, la Defensoría del Pueblo apeló al Tribunal Constitucional para demandar la inconstitucionalidad del decreto supremo 2366, que permite actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas en Bolivia y que presuntamente vulnera derechos de pueblos indígenas.