Santiago. La Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) en Chile presentó este martes una reclamación ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la ley que prohíbe la distribución de bolsas plásticas en el país.

"Se podrá contra argumentar acerca del efecto nocivo que generan las bolsas plásticas, esto es, a proceso de degradación, y no a su producción. Pues bien, desde ese punto de vista, la medida adoptada (la prohibición absoluta, sin distinciones) también es irracional y arbitraria", dijo Asipla en su presentación que busca revertir la medida.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera promulgó el mes pasado una ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en el comercio, que contó con el apoyo casi unánime del parlamento y fue basada en criterios de protección medio ambiental.

De acuerdo con el gremio, "si los principales consumidores de bolsas plásticas (los establecimientos comerciales) dejan de comprar bolsas plásticas, para entregarlas a sus consumidores, la actividad económica de producción y venta de bolsas plásticas deja de existir, o como actividad, se le impone un obstáculo/ impedimento insoslayable".

La propuesta que elimina las bolsas plásticas en el comercio estipula que entre en vigencia en el plazo de un año contado desde su promulgación, con excepción de las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, en cuyo caso, las disposiciones de la ley entrarán en vigencia en el plazo de dos años contado desde su publicación.

Según estudios oficiales, en el país se producen 3.400 millones de bolsas plásticas al año, las que en promedio tienen una vida útil de 30 minutos y tardan aproximadamente 400 años en biodegradarse.

Mientras tanto, los establecimientos de comercio podrán entregar un máximo de dos bolsas plásticas a los consumidores, por cada compra que realicen.

Según estudios oficiales, en el país se producen 3.400 millones de bolsas plásticas al año, las que en promedio tienen una vida útil de 30 minutos y tardan aproximadamente 400 años en biodegradarse.

Al fundamentar el proyecto, las autoridades indicaron que cada año ocho millones de toneladas de plásticos llegan al mar y cerca de 30% de envases de este material no son reutilizados o reciclados, generando un impacto negativo en zonas costeras y afectando a diversas especies, que mueren por ingestión o estrangulamiento.

"Llama la atención la falta de precisión técnica de la argumentación entregada por parte del experto del Ministerio del Medio Ambiente. El fundamento que entrega para no distinguir entre bolsas biodegradables y no biodegradables es que no existe una certificación de compostaje", sostuvo el escrito presentado por los industriales para oponerse a la normativa..

Según el gremio, "la prohibición de bolsas trae consigo un grave impacto económico. Según nuestras estimaciones, esta medida afectaría a más de 2.500 familias, por la pérdida de empleos que conllevará el término de este subsector de la industria plástica".

La acción de los industriales vuelve la mirada sobre el Tribunal Constitucional, una instancia compuesta por cinco expertos constitucionalistas, que es cuestionada por la oposición de centroizquierda, que advierte que tras varios fallos revirtiendo leyes sancionadas por el parlamento, se ha convertido en la práctica en una cámara legislativa no representativa.

Pese a las reticencias, la ley que prohibió las bolsas plásticas contó con gran apoyo del oficialismo y de la oposición.