Así lo señala un documento que contiene la posición del sector industrial organizado del país, a propósito del nuevo proyecto legal. "Serán lo consumidores quienes sufrirán las consecuencias de un mayor e ineficiente control sobre los precios de bienes y servicios", indica el documento.

Desde la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) están convencidos que la nueva Ley de Costos y Precios sólo generará más inflación, más escasez de bienes y servicios, mayor desaparición de empresas y menos empleos productivos.

Así lo señala un documento que contiene la posición del sector industrial organizado del país, a propósito del nuevo texto legal.

"Serán lo consumidores quienes sufrirán las consecuencias de un mayor e ineficiente control sobre los precios de bienes y servicios", indica el documento.

"El alto costo de la vida y la falta de productos en los anaqueles en supermercados y abastos se debe a las erradas políticas económicas aplicadas durante los últimos años, y no a la supuesta especulación y acaparamiento por parte de los empresarios como quiere hacer ver el gobierno.

El deterioro del poder adquisitivo del venezolano es la consecuencia del cerco económico que tantas veces ha denunciado Conindustria y que en los últimos años se ha acrecentado debido a la intervención, expropiación, toma de empresas, propiedades y fincas productivas, sin cumplir con la normativa legal y sin la justa indemnización que establecen las leyes", indica el texto enviado.

"En la exposición de motivos de la ley, se habla del monopolio (un solo oferente) y del monopsonio (un solo demandante) como causantes de elevados márgenes de ganancias e inflación. En ese sentido, se lee en el texto enviado por Conindustria, si bien es cierto es al Estado a quien le corresponde velar por evitar esas prácticas, también debe recordar que es el propio Estado el que incurre en las mismas al mantener la mayoría de los monopolios que pueden causar distorsiones en el mercado, como es el caso de la producción de acero, cemento y electricidad, entre otras".

Reiteran que la Ley de Costos y Precios afectará a las grandes empresas, pero también perjudicará significativamente a las pequeñas y medianas compañías, a los profesionales, a quienes ejercen un oficio de manera independiente, a los bodegueros, a los que ejercen la economía informal y a todos aquellos que se dedican a una actividad económica de producción, importación o distribución de bienes y servicios.

Igualmente, el gremio de los industriales recuerda que el artículo 85 de la Ley de Costos y Precios establece un plazo de 90 días hábiles luego de la publicación del instrumento legal en Gaceta Oficial para dictar el Reglamento interno que definirá los alcances de la Superintendencia y la formalización del Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios. Según la ley, este reglamento debería hacerse a través de un proceso de consulta con los sectores productivos, las comunidades y demás entes económicos y sociales. "Ya han pasado dos meses y no hay certeza de cuáles serán los alcances de esta consulta ni se sabe si el sector productivo será tomado en cuenta", sentencia la comunicación enviada por Conindustria.

Ante esta incertidumbre, Conindustria manifiesta una vez más su disposición a participar en las mesas de trabajo orientadas a discutir el reglamento, con la finalidad de hacer aportes al debate y que el instrumento que de allí salga propicie un mejor clima de trabajo para las empresas, lo que a su vez se traducirá en mayor productividad y competitividad, mejores precios y mayor oferta de bienes y servicios.

Reiteran que es necesario buscar nuevas soluciones a los viejos problemas. La empresa privada, formalmente organizada está dispuesta a trabajar en conjunto con el gobierno nacional en función de superar los obstáculos para contribuir con una mejor calidad de vida para el ciudadano.

Ratificamos que la única solución para los problemas de especulación y acaparamiento es el aumento de la oferta no la restricción de la misma, como pretende el Estado con esta nueva ley.