Caracas. "Rechazamos contundentemente las nuevas amenazas de expropiación", señaló Carlos Larrazábal, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), para fijar la posición del gremio frente a las recientes declaraciones del vicepresidente de la República, Elías Jaua, y del ministro de Alimentación, Carlos Osorio, y también a la política de expropiaciones que ha retomado el gobierno.

Aseguró que "el ataque a la propiedad privada en los últimos cinco años sólo ha traído más escasez, desempleo, inflación y reducción en la capacidad de compra de la población".

Larrazábal denunció que las expropiaciones han dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una política de Estado, que se aplica sin justificación y en muchos casos sin el debido proceso y la debida compensación.

"De esa forma se convierten en meras confiscaciones ilegítimas del bien privado", dijo.

La justificación. "Primero la arremetida empezó con las tierras, pues estaban supuestamente improductivas; después dijeron que era imperativo tomar aquellas empresas que se encontraban quebradas para ponerlas a producir; luego argumentaron que había sectores estratégicos que tenían que pasar al Estado porque eran bienes tradicionales o porque había contrabando, o porque hay que hacer viviendas o porque las empresas especulan", aseveró Larrazábal.

El presidente de Conindustria destacó que ahora "con la excusa del monopolio y oligopolio, se pretende expropiar a toda empresa que el gobierno considere necesaria para su proyecto político".

Indicó que con la reciente expropiación de Venoco (que tenía siete empresa afiliadas) y Fertinitro (con tres empresas), el número de industrias expropiadas se elevó de 185 a 195 este año.

En esta cifra se incluyen industrias y establecimientos de comercio y servicios -dijo- a los que hay que añadir 1.100 establecimientos del sector agrícola, según han informado los gremios.

Sin embargo, Larrazábal recordó que ya van más de 370 expropiaciones a industrias desde 2003. "En los dos últimos años, la arremetida contra la propiedad privada ha sido más fuerte".

Procesos de negociación. El presidente de Conindustria dijo no tener datos más específicos sobre la pérdida de empleo o la producción real en esas empresas expropiadas, pero señaló que los consumidores pueden palpar la situación con la escasez de productos en los anaqueles.

"Son muy pocas las que estaban improductivas, pero igual eso no justifica la expropiación", argumentó Larrazábal.

Agregó: "En muchos casos, las empresas se han tomado de hecho y luego es que se llega a un supuesto proceso de negociación, que, en casos como Fama de América, el gobierno pagó sólo 10% de lo que correspondía según el avalúo".

Aclaró que en el caso de una expropiación se debe garantizar el debido proceso con una sentencia firme emitida por un tribunal, con una declaratoria de utilidad pública y debe haber una justa compensación.

Monopolio oficial. El presidente del gremio industrial hizo énfasis en que "en el sector privado venezolano existen empresas que, gracias a su esfuerzo y apuesta por el país, han crecido, han cumplido con sus trabajadores y con la sociedad y se han mantenido a pesar de las dificultades para seguir ofreciendo productos de calidad a la población. Todo esto en un ambiente que castiga el éxito y es hostil a la iniciativa privada".

En declaraciones recientes, el ministro de Alimentación se pronunció en contra de los oligopolios y mencionó que Empresas Polar y Cargill debían pasar a manos del Estado.

El presidente de Conindustria manifestó que el gobierno ha demostrado no tener capacidad para manejar el suministro de alimentos.

Larrazábal replicó que, de seguir la actual tendencia de expropiaciones, el gobierno tendría un monopolio y fungiría como el único oferente de bienes, servicios y empleo para la población.

Indicó que ningún país ha podido sobrevivir sin la existencia de un sector privado fuerte, que genere empleo y bienestar.

Insistió en que hay que retomar una política de promoción de la iniciativa privada y generar diálogo entre los sectores público y privado para lograr el desarrollo del país.