Santiago de Chile. Fiscales chilenos interrogaron hoy a Carlos Eugenio Lavín, uno de los ejecutivos del Grupo económico Penta, vinculado a un polémico escándalo que se desató por la presunta entrega de dineros en forma fraudulenta para la financiación de campañas políticas en el país.

Según fuentes judiciales, el interrogatorio estuvo encabezado por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes también interpelaron por más de diez horas al socio de Lavín, Carlos Alberto Délano, por el mismo caso de corrupción.

La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportes reservados de empresas privadas, salió a la luz a partir de una investigación de la Fiscalía a los principales socios del Grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por unos US$20.000 millones.

Las indagaciones ocurren pocos días después de que se levantara el secreto de la investigación y que por medio de la prensa se conocieran masivamente los correos electrónicos enviados por políticos a miembros del 'holding' solicitando financiación para sus campañas.

Con el levantamiento del secreto de la carpeta de investigación se conocieron datos que involucraban a políticos en la presunta financiación irregular de las campañas políticas.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a los dueños de Penta como presuntos autores de delito tributario por la utilización indebida de 258 boletas de honorarios y facturas falsas para disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos (unos US$3,38 millones).

Entre ellos aparecen los legisladores Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y Ena Von Baer, todos de las ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), así como Felipe Kast, del Partido Evolución Política (Evópoli).

Al respecto, el fiscal Norambuena dijo que la Fiscalía no requiere solicitar desafuero (en el caso de los legisladores), ya sea para citar a una persona, ni tampoco con el objeto de iniciar una investigación.

También aparecen salpicados el ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial Andrés Velasco y el actual titular de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

La presidenta Michelle Bachelet recordó hoy a los periodistas que "frente a situaciones de esta naturaleza lo que corresponde es que las instituciones funcionen, que la Justicia haga su tarea".

"Lo más importante acá es la transparencia y, por tanto, nosotros como gobierno enviamos ya hace un tiempo atrás un proyecto de ley que permita separar los dineros de los negocios de la política, que permita que todo esté basado en la transparencia, eso es esencial", añadió.

Respecto al ministro Undurraga, Bachelet afirmó que él "ha entregado todos los datos que se le han requerido a las instancias que competen".

El Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a los dueños de Penta como presuntos autores de delito tributario por la utilización indebida de 258 boletas de honorarios y facturas falsas para disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos (unos US$3,38 millones).

Hugo Bravo, un exejecutivo de Penta, fue quien abrió el capítulo político del caso al señalar que el grupo financiaba las campañas del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) con dineros provenientes de negocios ficticios que acreditaban con boletas fraudulentas.

Bravo interpuso también una demanda laboral contra los propietarios de Penta, por 2.300 millones de pesos (unos US$3,80 millones) por "despido injustificado, daño moral, acoso laboral, amenazas y hostigamiento".

Paralelamente, la Cámara de Diputados estableció dos comisiones investigadoras, una para analizar el caso de financiación fraudulenta de campañas y otra para que revise en general los mecanismos a través que los cuales loa candidatos reciben aportes durante las elecciones.

El caso ha reabierto el debate sobre si el Estado debe o no financiar las campañas, mientras el Congreso tramita un proyecto que reforma el sistema electoral.