Río de Janeiro. La justicia federal en el estado de Minas Gerais (sureste de Brasil) informó hoy que dio un plazo de 30 días para que las mineras Vale, BHP Billiton y su filial Samarco, depositen 1.200 millones de reales (unos 353 millones de dólares) para la recuperación integral de los daños causados por el rompimiento de dos diques en un depósito de residuos mineros en 2015.

El incidente minero está considerado la peor tragedia ambiental en la historia de Brasil.

El plazo fue anunciado por la jueza del Tribunal Federal número 12 de la Sección Judicial de Belo Horizonte, Rosilene Maria Clemente, quien además dictaminó una multa de 1,5 millones de reales (unos 442.000 dólares) en caso de incumplimiento de la resolución.

Los hechos sucedieron el pasado 5 de noviembre de 2015 en la ciudad de Mariana, en Minas Gerais, cuando los diques de contención de un depósito de residuos propiedad de Samarco se rompieron y provocaron una riada de 62 millones de metros cúbicos de lodo y residuos mineros.

La crecida también provocó la muerte de 19 personas, arrasó con barrios enteros de Mariana y contaminó el río Doce, uno de los principales afluentes de Brasil, a lo largo de 700 kilómetros hasta la costa atlántica.    

La decisión de la justicia brasileña también establece que las mineras deben comprobar en 90 días que los escapes de residuos fueron definitivamente estancados.

Además, las empresas tienen un plazo de seis meses para presentar estudios conclusivos sobre el plan de acción y viabilidad para retirar el barro depositado en los márgenes del río Doce, sus afluentes y sus márgenes.

La acción civil fue promovida por el Gobierno Federal de Brasil y las administraciones regionales de Minas Gerais y Espíritu Santo, además de órganos ambientales federales y regionales.

En mayo pasado la Justicia aprobó un acuerdo firmado entre el gobierno y las mineras responsables que compromete a las empresas a desembolsar unos 20.000 millones de reales (unos 5.897 millones de dólares) a lo largo de la próxima década para resarcir a las víctimas y reparar los daños ambientales.

Hace unas semanas, la Fiscalía de Brasil presentó cargos contra 22 personas y cuatro empresas acusadas de la tragedia, en su mayoría por homicidio doloso, así como por inundación, lesión corporal y crímenes ambientales.