México D.F. Un tribunal mexicano declaró este jueves fuerza mayor en la mina de cobre de Cananea, propiedad de Grupo México, por lo que los trabajadores en huelga deberán abandonarla tras mantenerla paralizada durante más de dos años.

El tribunal coincidió con Grupo México, que ha dicho que la mina es inoperable debido a los daños causados por negligencia y sabotaje desde que comenzó la huelga en julio de 2007, dijo la abogada de la empresa y un comunicado del sistema judicial mexicano.

"Las relaciones colectivas de trabajo del sindicato de mineros, el día de hoy, ya no existen, no están vigentes ya se terminó", dijo Cristina Rocha, abogada de la empresa.

"Por causa de fuerza mayor la mina ya no puede funcionar, entonces sí se terminan las relaciones colectivas de trabajo", agregó.

El abogado del sindicato, Carlos de Buen, dijo que como se trata de una decisión final temía por un brote de violencia de parte de los trabajadores que se han negado a abandonar las instalaciones.

"Ya no existe una relación laboral entre el sindicato minero y la empresa", dijo por su parte la Secretaría del Trabajo en un comunicado.

Inicialmente, los trabajadores iniciaron la huelga en demanda de mejoras en la seguridad de la mina, pero el asunto se complicó por una disputa entre la empresa y el líder del sindicato, Napoleón Gómez.

El líder sindical vive en Canadá para evitar ser arrestado por cargos de corrupción en México, que él asegura fueron fabricados para debilitar su defensa de los trabajadores.

La cámara minera del país estima que la compañía ha perdido unos US$3,000 millones debido a la huelga.

Trabajadores no ceden. El sindicato, que representa a los 1.100 huelguistas, señaló que no se dará por vencido.

"Por supuesto que no vamos a dejar las instalaciones", dijo Javier Zúñiga, el portavoz del sindicato, a Reuters.

"Responderemos con nuestras manos a cualquier agresión por parte de las fuerzas de seguridad (...) estamos en alerta roja", dijo.

Recientemente, Grupo México solicitó al Ejército que ingrese a la mina -ubicada en el estado de Sonora- para retirar peligrosos explosivos que se encuentran en las instalaciones, una maniobra que el sindicato calificó como un acto de intimidación.