En enero de 2013, una barcaza vertió 1.857 toneladas de carbón en el mar de Ciénaga, en el departamento colombiano de Magdalena. Luego de negarlo por varios días la empresa admitió el hecho. El ministerio del Medio Ambiente la sancionó con una multa de aproximadamente US$3,6 millones y la obligación de limpiar las playas aledañas al puerto.

La empresa estadounidense Drummond Mining lleva años transportando el mineral desde un puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta, hasta unos buques ubicados a ocho kilómetros de la playa. Según un informe de la Contraloría colombiana, esta práctica libera partículas que caen al mar, perjudicando a la flora y la fauna.

El polvillo de carbón no sólo ahuyenta a los turistas de las playas, sino a los peces que son el sustento de las poblaciones ribereñas de Santa Marta. “Los nefastos efectos de la contaminación eran tan vergonzosamente visibles que el gobierno no podía seguir ignorándola”, dice el ecologista Alejandro Arias. 

El gobierno de Uribe estableció que a partir de 2010 sólo se podría cargar mineral mediante un sistema directo. La Drummond movió sus fichas para postergar el plazo en tres años y medio, hasta el 1 de enero de 2014. 

Pero el jueves 2 de enero la minera estadounidense seguía embarcando carbón en barcazas. Pocos días después el gobierno obligó a la empresa a paralizar el embarque, de aproximadamente unas 85.000 toneladas diarias. 

“La Drummond tuvo siete años y no fue capaz de montar ese cargue directo”, se asombra el senador Jorge Enrique Robledo, del opositor Polo Democrático Alternativo. “O no lo ha querido montar”.

Casi desconocidos. La minera Drummond es probablemente lo único que une dos lugares tan distintos y a la vez parecidos del planeta como son el estado de Alabama y el Caribe oriental colombiano. 

Los orígenes de la empresa se remontan a la Gran Depresión, cuando H.E. Drummond comenzó a explotar a lomo de mula un filón de carbón en uno de los condados más pobres de Estados Unidos. Fue durante décadas un negocio de supervivencia, hasta que, en los años 60, los hijos y sobrinos del fundador se hicieron cargo. 

A mediados de los 80, los Drummond decidieron entrar al peligroso y potencialmente lucrativo negocio de la minería colombiana.
Hoy la empresa factura unos US$5.000 millones al año. Aparte de sus inversiones inmobiliarias en EE.UU., en rigor sólo tiene dos unidades de negocios: la declinante producción carbonífera de Shoal Creek, Alabama, que se vende a la termoeléctrica del estado de Alabama, y los yacimientos colombianos de Santa Marta, cuya producción se exporta a 11 países y asciende a unos US$2.000 millones. Es, de hecho, el mayor productor carbonero del país.

Sus recientes problemas ambientales en Colombia son sólo un nuevo capítulo en una historia compleja. En 2007 la Drummond fue demandada en EE.UU. por prácticas antisindicales, incluyendo el asesinato de los dirigentes Valmore Locarno y Víctor Orcasita, y el pago de comisiones a grupos paramilitares. Según un artículo del Seattle Times, la parte demandante presentó testimonios de agentes de la DAS (servicio de inteligencia colombiano) y ex líderes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), confirmando pagos en efectivo a los líderes paramilitares. La demanda, patrocinada por sindicalistas estadounidenses, fue rechazada por el tribunal de Alabama.

Santos pone orden. “Tomar la decisión de suspender a la Drummond no era fácil, pero el gobierno ha demostrado que no tiene mano blanda para hacer cumplir la ley”, aseguró Luz Helena Sarmiento, ministra de Medio Ambiente. 

José Miguel Linares, máximo representante de Drummond en Bogotá, asegura que el daño a la economía del país será grande. La empresa genera alrededor de US$5,9 millones diarios, de los cuales US$1,2 millón son regalías, US$880.000 corresponden a impuestos y contribuciones y lo restante al alquiler de red férrea y pagos de nómina, contratistas y proveedores. 

El ejecutivo afirma que en marzo tendrán listo el nuevo puerto que les permitirá cumplir con el embarque directo. Acusa del retraso en las obras a la huelga de 53 días que realizaron los trabajadores entre los meses de julio y septiembre del año pasado. 

Pero el gobierno de Santos ha seguido atacando a la Drummond desde varios frentes. La Contraloría colombiana le abrió en días pasados dos procesos por responsabilidad fiscal que ascienden a US$70 millones. El primero por haber ampliado la extensión del muelle de carga de barcazas en la Ciénaga, de 150 a 589 metros, sin ajustar la tarifa a la nueva medida; y la segunda, por utilizar buques de 160.000 toneladas pagando tarifas para buques con capacidad de 70.000 toneladas.

Estas nuevas investigaciones se suman a la que el organismo de control le abrió el año pasado por supuestas irregularidades en el uso de la fórmula de amortización para las inversiones en infraestructura de transporte, por las que le debería al Estado unos US$50 millones.

Por si fuera poco, la Superintendencia de Puertos y Transportes le impuso una multa de US$160.000 diarios, a partir del 1 de enero, por cada día que cargó carbón sin emplear el sistema directo. El senador Robledo va más allá y pidió al gobierno demandar a la multinacional por las pérdidas que causará al país “su negligencia en la implementación del cargue directo de carbón”.

Ándate, quédate. Los problemas de la Drummond en Colombia son un reflejo de lo que pasa en otros países de América Latina, especialmente en todo el eje andino, donde las comunidades reclaman constantemente por los efectos de la minería a gran escala. 

Pero el caso Drummond es diferente, primero porque Drummond es el líder del sector carbonero colombiano, en términos de toneladas producidas y dólares exportados. Y para la propia Drummond, Colombia es una porción tan significativa del negocio que no se irá sin dar la pelea. 

La pregunta es entonces hasta dónde llegará el gobierno de Juan Manuel Santos en hacer cumplir las normas.