San José. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo este jueves que el tema de la mina de oro a cielo abierto "Las Crucitas" está cerrado, tras conocer que la firma canadiense Infinito Gold prevé demandar al Estado por US$1.092 millones por la cancelación vía judicial del proyecto minero.

"Sabemos que la palabra final la tuvieron los tribunales en ese tema. Es un asunto resuelto y en consecuencia la Administración no tiene ningún poder para actuar en contra de la sentencia", declaró Chinchilla a los periodistas durante una gira por el norte del país.

Infinito Gold anunció este jueves que ha notificado al Ministerio de Comercio Exterior sobre incumplimientos al Tratado Bilateral de Inversiones entre Costa Rica y Canadá, con lo que se abre un periodo de seis meses para llegar a un "acuerdo amistoso", que para la empresa supone la reactivación del proyecto minero.

De no haber entendimiento con el gobierno, la firma canadiense interpondrá la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo autónomo del Banco Mundial, explicó en conferencia de prensa la portavoz de la empresa en Costa Rica, Yokebec Soto.

La presidenta Chinchilla afirmó este jueves que sobre las acciones de la empresa no tiene "nada que decir" y aseguró que "también serán tribunales los que tendrán que responder", en referencia al Ciadi.

Los US$1.092 millones de la demanda corresponden a 92 millones que la firma ya había invertido a lo largo de 20 años en estudios y una primera fase de construcción de la mina, y 1.000 millones en dinero que dejará de percibir al no concretarse el proyecto.

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró en 2010 como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.

La empresa minera inició en 1995 la exploración en la zona de Las Crucitas, cercana a la frontera con Nicaragua, y siempre ha sostenido que contaba con los permisos necesarios para operar.

La firma, que esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los diez años que preveía la concesión, inició la construcción de la mina, pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.