Universia Knowledge Wharton. "Hace más de 80 años que nos dedicamos a la agricultura. Primero mi abuelo, luego mi padre y ahora yo", relata Daniel Berdini, un productor agropecuario que trabaja junto a su familia en la siembra de distintos cultivos en la localidad de Villa Ramallo, al norte de la provincia de Buenos Aires.

"Tengo la esperanza de que se produzca un cambio favorable en el campo a partir del canal de diálogo que se abrió con la visita de la presidenta Cristina Kirchner a Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada) antes de las elecciones. Esperemos que surjan cosas positivas".

Coninagro, que representa a las cooperativas de pequeños y medianos productores agropecuarios de la Argentina, junto a la SRA (Sociedad Rural Argentina), la FAA (Federación Agraria Argentina), y la CRA (Confederación Rural Argentina), integran desde 2008 la "Mesa de Enlace", famosa por salir a defender los intereses del campo (sector agropecuario) ante la crisis por las retenciones o impuestos móviles a las exportaciones.

Todo comenzó el 11 de marzo de 2008 cuando el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, presentó un nuevo esquema de impuestos que subía la alícuota de un 35% fijo de retenciones a las exportaciones agrícolas a un 44% de retenciones móviles, según fluctuaran los precios internacionales de los distintos commodities (soja, trigo, maíz, etc.).

Cortes de rutas, cacerolazos y escasez de alimentos fueron algunas de las consecuencias que generaron los 101 días de conflicto y que se resolvieron a favor del sector agrario por decisión del entonces presidente del Senado de la Nación, Julio Cleto Cobos, que votó en contra de la medida del gobierno.

Sin embargo, casi 4 años después de las protestas, los productores agropecuarios están lejos de mejorar su competitividad no solo por el impuesto a las exportaciones, con retenciones de hasta un 35%, sino también por los cupos para exportar que impone el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; la subida de los precios en los principales insumos, como los combustibles; la inflación cercana al 25%; y la falta de mejoras en infraestructura.

La segunda parte. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró la reelección hace más de un mes con más del 54% de adhesión. La visita de la mandataria a Coninagro, antes de la votación, se interpretó como un primer acercamiento desde el conflicto de 2008, pero también como un acto político de cara al escrutinio que se realizó el 23 de octubre.

Así lo cree también Alberto Rubio, decano de la Escuela en Posgrado de la Universidad de Belgrano (UB), quién además ve en el gesto el inicio de un diálogo franco y constructivo entre ambas partes. "Puede ser un sendero para el entendimiento si amplía el diálogo a los demás miembros de la denominada Mesa de Enlace”.

A este cambio de actitud hacia el sector de la producción agropecuaria, hay que sumar "la presentación de las metas al 2020 del PEA2 (Plan Estratégico Agroalimentario), y el anuncio del PEI (Plan Estratégico Agroindustrial), en el corazón agroindustrial del país”, destaca Fernando Vilella, director del Programa de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de Universidad de Buenos Aires (UBA). El PEA lo lanzó el ministerio de Agricultura de la Nación este año, con la intención de armar estrategias para el futuro del sector hasta 2020 y llevar la producción anual de granos de 100 millones de toneladas a 150 millones. Mientras que el PEI lo lanzó Cristina Kirchner a principios de octubre en Venado Tuerto, zona núcleo de la producción agrícola en la Argentina.

 

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Todo esto puede significar vientos favorables a favor de que se concrete una mesa de negociación a corto plazo, y se acometan reformas en un sector que, según datos de Coninagro, aporta el 36% del empleo del país y el 54% de las divisas; y calcula que, en los últimos 8 años, le dio US$48.000 millones al gobierno en concepto de retenciones.

En cuanto al perfil de los productores agropecuarios, la entidad estima que entre un 20% y 25% de ellos manejan grandes extensiones de más de 1.000 hectáreas; y el resto se reparte entre medianos y pequeños productores con fracciones de 40 a 500 hectáreas, muchas de ellas heredadas por familias de inmigrantes que llegaron al país el siglo pasado procedentes, en su mayor parte, de España e Italia.

La agenda pendiente. En caso de concretarse una mesa de negociación en el corto plazo, Rubio señala que la agenda pendiente que tiene el agro con la presidente "es amplia y compleja". El decano de la UB destaca que, en lo fiscal, por ejemplo, "debería tratarse la eliminación progresiva de impuestos distorsivos, como son los derechos de exportación e impuesto al cheque, que deterioran el ingreso de los productores”, y atentan contra una mayor inversión tecnológica.

En estos momentos, los productores no solo tienen que pagar retenciones, las mismas que un productor grande, sino también impuesto al cheque -del 1,6% para los débitos y créditos bancarios- y ganancias, que se aplica a la renta y llega al 35%, según cada escala. Todos estos gravámenes reducen el precio que percibe el productor y, por ende, impactan en la economía regional (las zonas agroindustriales, como la pampa húmeda y el NOA) al disminuir el ingreso del sector.
 

En lo comercial, añade Rubio, habría que evitar la intervención del Estado a la hora de establecer cupos de exportación porque, con este sistema, los productores están obligados a guardar el cereal y, si el precio internacional baja, pierden rentabilidad. O, tal y como relata el productor agropecuario Daniel Berdini: "los cupos nos autorizan a producir una determinada cantidad y así se produce mucha oferta, como ocurre con el maíz y el trigo. Pero como la demanda es baja, las molineras planchan los precios, es decir, lo congelan, y los productores no pueden negociar. Así pierde tanto el que cosecha como la señora que compra el kilo de harina en el supermercado".

Para que se produzca la necesaria modificación de la intervención arbitraria de la comercialización (los cupos) habrá que esperar a que se designe el nuevo ministro de agricultura, dice Vilella, de la UBA. Y en cuanto a los cambios en el sistema de retenciones, él cree "que en parte dependerá de qué ocurra con los precios internacionales de los granos; y de si se decide un nuevo esquema impositivo que sea menos distorsivo (especialmente para pymes y en las emergencias climáticas) y que propenda a la agregación de valor en origen”.

Sin embargo, en opinión de Enrique Déntice, profesor e investigador de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), no habría que esperar muchos cambios en cuanto a estos temas “pues la situación económica del próximo 2012 en Argentina requiere de ahorro fiscal y, en este sentido, las retenciones juegan un papel importante”. De hecho, para bajar el déficit, en estos días la presidenta anunció el recorte de subsidios para ahorrarse unos $ 20.000 millones (U$S4.760 millones).


Desde el punto de vista de Daniel Berdini, que vive en carne propia los problemas del sector, hay que diferenciar entre la situación de los productores grandes y productores chicos. "El pequeño productor que trabaja el campo de su familia alquila los campos a precios altos con insumos por las nubes en dólares. Acá entra a jugar una suba vertical de los combustibles y lubricantes muy fuerte, ya que el precio del gasoil subió de 2 pesos hasta los 6 pesos (U$S 1,5) el litro.

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Si bien el pequeño productor ha tenido viento de cola por el (alto) precio internacional de los commodities, mantener a su familia y educar a los hijos cada vez es más caro por la inflación (mayor al 25%), que eleva en forma constante la canasta familiar". Él añade que, hoy en día, "ser competitivo con fracciones chicas es difícil por un problema de escala: los que tienen grandes extensiones pueden negociar mejor los precios de los insumos, como el glifosato que es un herbicida”.

Ante esta situación, Berdini, que es consejero de Coninagro, pide que el gobierno busque mecanismos de contención “con créditos muy subsidiados para poder competir en la compra de insumos. Hay que tratar de centrarse lo más posible en los sistemas cooperativos para vender mejor los cereales". Por otro lado, él cree que podría haber un precio diferenciado del combustible para medianos y pequeños productores, así como alguna tarjeta con bonificaciones o beneficios según la clase de productor.

Además, agrega el productor, “lo fundamental para la agricultura en forma intensiva como la que se hace en la Argentina es la rotación de cultivos. Para eso se necesita no solo soja, sino trigo y maíz. Hay que tener un norte claro para saber qué sembrar”.

Otros problemas históricos
. Además de la situación fiscal y regulatoria, el país enfrenta problemas postergados durante muchos años, como la inadecuada infraestructura. La inseguridad, las rutas congestionadas por el alto caudal de tránsito, la falta de obras viales y el poco uso del ferrocarril encarecen los precios y le restan competitividad al sector agropecuario.

Rubio, de la UB, cree que “habría que implementar un desarrollo de inversiones que otorgue eficiencia y eficacia al sistema de transporte intermodal (carreteras, fluvial y ferrocarril), para brindar mayor competitividad a todas las puntos productivos, en especial a las economías regionales alejadas de los centros de consumo y los puertos”.

En esto coincide Vilella, de la UBA, para quien el problema de la infraestructura es real con una producción de 100 millones de toneladas, "pero si pasamos en 2020 a 150/160 millones como prevé el PEA2, necesitaremos más almacenaje, mejor ferrocarril, bajar la edad media de los avejentados camiones, mejorar los puertos y sus accesos, sostener o ampliar la hidrovía, facilitar las salidas al Pacífico, aumentar el área bajo riego, llevar energía a los lugares donde se pretende agregar valor, etc. Es una de las materias históricamente más rezagadas”.

Berdini señala que no es "obra de la casualidad la cantidad de accidentes que vemos en las rutas argentinas, que también se suma a la impericia de los conductores. Creció el parque automotor y el estado de las rutas donde se vuelca todo el cereal es imposible de transitar por falta de mantenimiento”.

Los analistas y productores creen que la Argentina, dueña de un suelo y un clima extraordinario para la agricultura, tiene una posibilidad muy grande en el mapa mundial para afianzarse como uno de los principales proveedores de alimentos. El tema es si el país podrá aprovechar esta oportunidad. “Si podemos resolver nuestros problemas organizacionales e institucionales, señala Vilella, de la UBA, "Argentina jugará un rol relevante en la provisión de granos, o lo que es mejor, granos con valor agregado como carnes, aceites, biocombustibles, etc.”.

El decano de la UB cree, además, que el país podría y debería reposicionarse como abastecedora confiable, es decir, permanente y segura, de alimentos y energía renovable, como el biodiesel, que se elabora a partir de cereales. "Esto requiere una política de Estado, con seguimiento, pero sin intervención en los mercados de productos agroindustriales”, destaca.

Por su parte, Dentice apuesta porque, en los próximos años, se haga “una mejor y más afinada cadena de valor”.

Si bien para Daniel Berdini la visita de Cristina Fernández de Kirchner a Coninagro fue un paso importante, habrá que esperar a ver qué pasa. "Como decimos en el campo: hay que desensillar hasta que aclare”, en referencia a esperar la luz del día para volver a ponerle la silla a los caballos y continuar con las tareas agrícolas o ganaderas. “Desde nuestro lado, quienes integramos cooperativas, tenemos que hacer mucha docencia para protegernos y ayudarnos, pero también tiene que hacer cosas el Estado. Todos los años se pierden cerca de 10.0000 productores por falta de una política agraria concreta”, apunta el productor.