Bogotá. La concesión del tercer canal privado en Colombia sigue enredada. El presidente de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), Juan Andrés Carreño, se sostiene en que la apertura del proceso será el próximo miércoles y que antes de la segunda semana de julio se conocerá el elegido. Pero como está hoy el panorama jurídico y político, estas cuentas no parecen tan claras. El tema ya va para dos años y nueve meses, y en vez surgir humo blanco, el asunto ya es objeto de investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.

El nuevo traspié en el accidentado camino hacía el tercer canal de televisión lo acaba de aportar la jueza octava administrativa de Bogotá, Mery Cecilia Moreno Amaya, quien el pasado miércoles 21 de abril, en respuesta a una acción popular por presunta vulneración de la moralidad administrativa y detrimento del patrimonio público por parte de la CNTV, decidió poner en manos de la Contraloría y la Procuraduría la evaluación sobre los últimos pasos dados por los comisionados de televisión.

La decisión tuvo como fundamento constatar que, tal como lo expuso el ciudadano César Augusto Jiménez, al momento de la demanda la Comisión Nacional de Televisión había contratado dos estudios para valorar la viabilidad del tercer canal y estaba en marcha la contratación de un tercer diagnóstico. La jueza Moreno Amaya consideró que en tales acciones se advierte un detrimento patrimonial, pues el dinero pagado en los estudios hubiera podido utilizarse mejor para impulsar programas públicos de educación y cultura.

En consecuencia, le solicitó a la Contraloría emprender una investigación formal por el detrimento del erario en los gastos y pagos que se han realizado con motivo de la licitación del tercer canal y la prórroga a la concesión de los canales RCN y Caracol, con la posibilidad de emprender acciones de repetición e incluso penales si es necesario. Además, le pidió a la Procuraduría que examine la conducta que han asumido los comisionados de televisión respecto a la contratación de los estudios de evaluación.

Cuando la jueza se refiere a los diagnósticos, alude al primero, aportado el 22 de febrero de 2007 por la firma Equity Investment S.A., que determinó que en caso de crearse un tercer canal, el Estado dejaría de percibir US$83 millones, por el bajo valor de la licencia; y un segundo estudio contratado con la banca de inversión Unión Temporal Correval-CGI, suscrito en agosto de 2008, que actualizó la valoración y aportó una nueva evaluación financiera sobre el precio estimado del tercer canal.

En el momento de la presentación de la acción popular estaba en marcha la contratación de un tercer diagnóstico. El contrato se cerró el 29 de enero de 2010 y se hizo con la Compañía General de Inversiones S.A (CGI S.A.), es decir, la misma banca de inversión del segundo contrato. En esta ocasión, la CNTV pagó $121 millones y la firma especializada concluyó que el precio base para el tercer canal, que en 2008 era de $69.276 millones, en la actualidad con los ajustes por inflación y otros índices macroeconómicos, asciende a $74.743 millones.

Según la jueza octava administrativa de Bogotá, que obviamente no tuvo en cuenta el tercer contrato porque éste apenas estaba en proceso de selección, lo que se está demostrando con estos gastos es cómo, de cierta forma, se ha venido organizando “una cortina de humo para proteger un particular hipotéticamente favorecido por la licitación de la adjudicación de la concesión del tercer canal, donde previamente ya conocía las condiciones de las gananciales y no por estudios preparados para la CNTV”.

Al conocer la decisión judicial, la junta directiva de la CNTV anunció que apelará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y advirtió que el precio de esos diagnósticos es muy inferior a las ganancias que va a obtener el organismo por la concesión del tercer canal, según su presidente Juan Andrés Carreño estimadas en $385.000 millones, por lo que en términos de costo beneficio y mirando el contexto económico del país, es una obligación de la CNTV contratar todos los estudios que sean necesarios antes de la entrega del canal.

“De 2006 a 2010 las diferencias de los mercados son grandes; por eso se justificó contratar dos bancas de inversión más para tener certeza del precio, tal como lo hacen prácticamente todas las entidades públicas“, insistió el comisionado Carreño, quién recordó que cuando se abrieron los dos canales privados RCN y Caracol, se hicieron tres estudios previos y nadie dijo nada. El director de la CNTV aseguró en que todo el proceso del tercer canal ha estado acompañado por la Procuraduría y supervigilado por la Contraloría General.

No obstante, sus detractores no piensan lo mismo. Este viernes, el ex comisionado Eduardo Noriega, crítico de todo el proceso de adjudicación del tercer canal, sostuvo que el fallo de la jueza Moreno tiene graves incidencias y que las autoridades disciplinarias del país deberían intervenir de inmediato para separar del cargo a los actuales comisionados de televisión que participaron en ese proceso. “Ellos están impedidos para seguir en el tema del tercer canal y lo más pulcro es que la operación se adelante a partir del próximo gobierno”.

A su vez, el abogado Jaime Lombana, apoderado de los canales privados, se declaró complacido por la decisión y en particular la emprendió contra el presidente de la CNTV, Juan Andrés Carreño, de quien dijo “ha demostrado interés indebido y está en mora de responder ante la justicia por su manejo turbio en el organismo”. Lombana recordó que la CNTV está envuelta en un escándalo por haber recibido dineros de la intervenida firma DMG, al adjudicarle una licencia para una plataforma satelital, a través de la empresa Elite Entertainment.

Asimismo, el abogado Juan Carlos Guayacán, en representación del ciudadano que interpuso la acción popular, señaló que en todo este asunto de las valoraciones lo único que se advierte es un “sofisma de distracción para no tomar las decisiones pertinentes”. El profesional recalcó que hoy la Comisión Nacional de Televisión tiene herramientas suficientes para tomar las determinaciones del caso, pero como no lo ha hecho, es pertinente que la Procuraduría y la Contraloría entren a decidir si se está vulnerando la moralidad administrativa.

En síntesis, a una semana de que vuelva a empezar la película de la adjudicación del tercer canal de televisión, la situación de los integrantes de la CNTV no es la mejor. Además del fallo mismo de la jueza octava administrativa, según el abogado Lombana ya existen procesos disciplinarios en curso contra los miembros del organismo oficial, sin olvidar que en el tema penal también hay decisiones pendientes que cuestionan el proceder de los cinco funcionarios públicos que hoy tienen a su cargo la papa caliente del tercer canal.

Como si fuera poco, dos de ellos, el presidente Juan Andrés Carreño y el comisionado Alberto Guzmán Ramírez, tienen prácticamente el tiempo cumplido en la CNTV. Carreño, elegido hace cuatro años en representación de los canales regionales, después de dos períodos concluye su labor en dos semanas. Y Guzmán, representante de las asociaciones de padres de familia, ligas de televidentes y facultades de comunicación social, terminó en marzo y el nombramiento de su reemplazo está aplazado por la coyuntura electoral.

En días pasados surgió una iniciativa según la cual se buscaba que a los actuales miembros de la Junta Directiva de la CNTV se les prorrogara su período o, incluso, de conformidad con un proyecto de ley en marcha, pudieran ser amparados por la ampliación de su gestión a cuatro años. Sin embargo, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Daniel Enrique Medina, lo negó de plano: “los actuales comisionados deben terminar su período para el cual fueron elegidos. No estamos de acuerdo en que se prorrogue su período”.

En parte la discusión tiene que ver con un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, a través del cual se busca incluir importantes modificaciones a la estructura de la CNTV, regulando de paso la gestión de los operadores públicos de televisión. La idea de esa iniciativa apunta a que se definan aspectos como la financiación de la televisión pública nacional y regional y, principalmente, que se eleven los requisitos para ser comisionado de televisión, a fin de que se les exija mayor experiencia en el sector y capacitación.

El proyecto de ley, que promete un pulso aparte en el tema de la televisión, incluye una disposición que desde ya genera polémica y que, de alguna manera, va en contravía de lo que está pasando con el tercer canal. La norma sostiene que con el fin de maximizar los ingresos del Estado y garantizar transparencia, toda adjudicación de concesiones de televisión se hará por subasta pública con un precio base y siempre al alza. Además, no podrá haber adjudicación cuando sólo exista un proponente.

Esos son precisamente unos de los puntos que, de alguna manera, retardaron la concesión del tercer canal de televisión. En un momento dado se tuvo claro que la subasta iba a ser el aspecto determinante. Después se incluyó la subjetividad de los contenidos. En los prepliegos actuales vuelve a ser el mejor postor económico quien tiene la primera opción. Asimismo, desde principios de este año, el proceso cuenta con un solo candidato oficial: el denominado Grupo Planeta. No obstante, los llamados grupos Prisa y Cisneros están a la espera de ciertas reglas de juego para volver a la lid.

De esta manera, si en enero pasado —cuando intervino la Procuraduría General de la Nación para pedir la suspensión del proceso de entrega del tercer canal privado de televisión— el asunto estaba enredado, hoy, cuatro meses después, la situación es aún más compleja. Los organismos de control están encima y varios comisionados ya responden cargos, dos de los comisionados están pasados de tiempo, avanza un proyecto de ley para modificar la CNTV, la coyuntura electoral está al rojo vivo y, aún así, el Gobierno quiere adjudicar en julio.

Quiénes tomarán la decisión y el caso en Fiscalía. Si se cumple el cronograma previsto por la CNTV, el canal se otorgará en julio. Para ese entonces sólo estarán en el seno de la entidad los comisionados Any Vásquez y Eduardo Osorio, quienes fueron nombrados directamente por el presidente Álvaro Uribe en agosto de 2009 y febrero de 2010, respectivamente. También tendrá voto en la adjudicación la comisionada Zulma Casas, elegida en marzo de 2009 en representación de las asociaciones profesionales y sindicales del sector.

Para esa fecha no estarán, por período vencido, Juan Andrés Carreño y Alberto Guzmán. Sus sucesores son un enigma.

Sin embargo, el caso de la adjudicación del tercer canal tuvo otro desarrollo judicial, el pasado miércoles 21 de abril. Ante un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción respondió en interrogatorio la comisionada nacional de televisión, Any María Vásquez, dentro de la investigación preliminar que se adelanta por las presuntas irregularidades en la licitación del tercer canal.

Días antes rindió interrogatorio el presidente de CNTV, Juan Andrés Carreño, y están citados a responder los también comisionados Zulma Casas García y Alberto Guzmán Ramírez y la ex comisionada Ilse Bechara Castilla.