Fue un K.O. casi instantáneo: el 8 de septiembre de 2009, mientras la empresa Geotérmica del Norte (GDN) hacía exploraciones en los montes andinos de Antofagasta, en Chile, se produjo una fuga de vapor y agua de 60 metros de altura en uno de los géiseres de El Tatio, un evento no visto hasta entonces y que desató consecuencias duraderas. La fuerte presión social posterior frenó la exploración de la geotermia.

Lo ocurrido con GDN es un ejemplo ilustrativo, pero no único. La oposición ciudadana paralizó una serie de otras iniciativas en minería y energía: la termoelétrica Barrancones y Pascua Lama, el elefante blanco de Barrick Gold, son algunos ejemplos. Chile no está solo: sólo en el Perú, en 2015 había 15 proyectos frenados, decenas más en Colombia y Ecuador.

Tras los frenos hay una ciudadanía activa y culta, aunque, en algunos casos, desinformada. Semanas después de lo ocurrido en El Tatio, la hidrogeóloga Suzanne Pierce y un equipo de la Universidad de Texas (Austin) realizaron estudios contrastando información previa y posterior al 8 de septiembre que indicaba que el sistema físico se había recuperado rápidamente.

“Lo que se dijo, que se había prácticamente destruido un ecosistema, se hizo sobre la base de desinformación o por intenciones políticas”, dijo el director del Centro de Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Universidad de Chile, Eugenio Figueroa. “Hoy se toman decisiones con grupos que no están informados y hay una pantalla de participación ciudadana”.

Datos y más datos

El análisis citado de Pierce no se remitió sólo a la información hidrogeológica. La investigadora, quien ya había trabajado en el sector ambiental de la industria minera y había enfrentado conflictos –un derrame de ácido en la mina El Abra, en Antofagasta, por ejemplo– venía decidida a tener información no sólo del sistema físico, sino también del humano. Por ello, entrevistó a personeros de GDM, a representantes de la minería local, de la industria turística y a las comunidades indígenas locales, que ofrecían la oposición más férrea al proyecto geotérmico. Sus líderes, Sonia Ramos y Amelia Mamani, acababan de realizar una caminata de 15 días entre Calama y Santiago para pedir a la presidenta Michelle Bachelet que protegiera a los géiseres de la industria.

“La comunidad indígena representa a la humanidad en el conflicto”, dice Pierce, “y ellos sentían que la ciencia era usada como un arma en contra de sus intereses, que los gobiernos no los escuchaban”.

Las entrevistas de Pierce pronto se convertirían en una base de datos que combinaba aspectos geológicos y sociales. Era el tipo de datos que recolecta el llamado Big Data. El objetivo de la investigadora fue mediar en el conflicto aplicando un software que ella misma había desarrollado en su trabajo doctoral en la Universidad de Texas. Utilizando una gran cantidad de datos e interactuando con personas que ingresaban sus propias prioridades e ideas, el software mostraba los escenarios resultantes: si cuidamos este recurso por sobre este otro, el resultado será este.

Creado el modelo, “podemos tomar un PC y cada uno introducir las características que veían en el futuro de su preferencia”, dice Pierce, quien trabaja para el Texas Advanced Computing Center (TACC), uno de los centros de datos más grandes del mundo. Agrega que “es un gran paso tener una interacción mediada por un programa computacional. Es asistencia inteligente que permite recomendar soluciones que reduzcan el conflicto. Que la empresa minera diga que es una zero discharge facility (que reutiliza varias veces el agua) no tiene el mismo impacto que la gente lo vea”.

El trabajo de la científica es parte de un fenómeno creciente en busca de legitimación y, claro, facturación: el uso de la minería de datos como un insumo más para aportar a la solución de conflictos, su anticipación e, incluso, la predicción de los efectos futuros de cambios sociales ya ocurridos, políticos y económicos. Un caso de esto último es el de Kensho, empresa estadounidense que unió el Big Data a software de técnicas de aprendizaje de máquinas o inteligencia artificial. La compañía es capaz de colocar y hacer interactuar alrededor de 90 mil eventos, señalando sus efectos posibles. Al parecer, es lo suficientemente confiable como para que IQT, la empresa de venture capital dependiente de la CIA (la agencia de inteligencia de EE.UU.) haya invertido en ella, al igual que Google Ventures y Goldman Sachs, de manera que hoy está avaluada en US$500 millones.

Salvedades

Volviendo a las necesidades más modestas de predicción en Chile, Eugenio Figueroa sostiene que el modelo de Pierce “da transparencia para que la gente sepa lo que está pasando realmente; cuáles son las propuestas y las explicaciones y consecuencias que esas propuestas pueden tener”. Actualmente, el modelo desarrollado está siendo revisado en la Universidad de Texas para actualizar su software.

Y con razón, porque la realidad es dinámica y “siempre va a haber conflicto e intereses encontrados. El tema es ver cómo llegamos a encontrar soluciones”, manifiesta Eugenio Figueroa. Además, como lo demuestra el caso de Kensho, “se puede aplicar a muchas cosas para saber qué está pasando, qué va a pasar, quiénes son los afectados”.

No obstante, reconoce la existencia de dificultades. Una nada menor: “Hay una enorme y creciente cantidad de datos, pero la capacidad para usarlos y de manera inteligente es lo que nos está faltando. La cosa va más rápido que nuestra capacidad de conectarlo, de ordenarlo y de generar conocimiento”, sostiene el académico.

Todo ello, además, tiene costos. Quién paga es una pregunta pendiente de ser respondida. Figueroa sostiene que “lo cierto es que acá el gobierno tiene un rol que jugar, especialmente como regulador”. Según él, las empresas podrían hacer acuerdos con las comunidades para que sean estas las que recopilen los datos y los puedan monitorear transparentemente. Es abrirse a hacer las cosas juntos.

Desde una vereda diferente de la académica, la experiencia tiene sus dudas. En  Territorios Consultores, consultora que ha mediado en conflictos socioambientales en Chile y Perú, el gerente Álvaro Riffo reconoce la importancia de los datos en su trabajo, pero hace hincapié en que una gestión no puede depender exclusivamente de esta información. “Nosotros hacemos un levantamiento de lo que llamamos información secundaria y de datos cualitativos. Al mismo tiempo, se trabaja con datos estadísticos para saber cómo vive esa comunidad, cómo trabaja y su nivel educativo. También hay que conocer la trayectoria histórica, porque si ya hubo un conflicto anterior puede que haya más desconfianza”, relata el ejecutivo. “Si yo supusiera que las opiniones de las personas son estáticas, el modelo [del big data] es viable, pero las personas cambian de opinión. Más que conocer las opiniones, lo que uno busca es conocer los liderazgos, aunque no sean los institucionalizados”, dice.

Para él, lo crucial es “llegar con transparencia y oportunidad: mientras más transparente y con más oportunidad se llega, se hace más sencillo el proceso”.

De todas maneras, la industria y la academia concuerdan en que los conflictos en América Latina muestran una falta de institucionalidad que medie y resuelva las diferencias. “La gente pone el grito en el cielo y los políticos no son capaces de enfrentar los temas”, señala Figueroa, y concluye que “si nosotros, los individuos de a pie, nos preocupamos de los problemas de contaminación, si tenemos la capacidad de generar los datos y se crean los sistemas para capturarlos, los problemas pueden detectarse antes y tomarse medidas”.

Pierce, de férreas convicciones ambientalistas, manifiesta que mejorar el manejo de los conflictos es clave para reactivar de manera masiva la opción de esta fuente energética, que hoy cuenta con un único proyecto en marcha.

“Chile necesita considerar la energía geotérmica en su matriz, porque hay mucho potencial para ella”, concluye.  Sin hacer presión.