El Banco de Crédito, cabeza de uno de los grupos económicos más poderosos del Perú, inició demandas contra el gobierno por bonos impagos de una reforma agraria realizada hace 40 años, en una batalla legal que podría elevar la presión para resolver un viejo pasivo por más de US$1.000 millones.

Lima. El mayor banco de Perú inició demandas contra el gobierno por bonos impagos de una reforma agraria realizada hace 40 años, según documentos obtenidos por Reuters, una batalla legal que podría elevar la presión para resolver un viejo pasivo de más de US$1.000 millones.

Representes del área legal del ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de Crédito confirmaron los procesos, que fueron presentados entre septiembre y octubre en los juzgados civiles 33 y 39 de Lima.

El Banco de Crédito, cabeza de uno de los grupos económicos más poderosos del país, busca cobrar bonos que sumarían US$27 millones a valor actualizado, los que obtuvo de clientes que habían dado ese instrumento en forma de pago.

El valor nominal de los 3.279 bonos inmersos en la demanda suma unos 55 millones de soles (US$19,7 millones).

"Efectivamente, a fines del mes de septiembre y comienzos del mes de octubre hemos interpuesto algunas demandas, no es una, es más de una, y la razón es porque teníamos varios bonos que clientes nuestros nos habían dado en pago", dijo a Reuters el gerente de la división legal del banco, Guillermo Morales.

Disposición a explorar alternativas. Fuentes del gobierno han afirmado que el Estado estaría dispuesto a explorar mecanismos para pagar una serie de bonos emitidos en compensación por una polémica reforma agraria impulsada hace cuatro décadas por el régimen del general Juan Velasco, quien expropió por decreto grandes extensiones de tierras.

Más de 5.000 propietarios sufrieron la confiscación de sus haciendas por parte del régimen militar de corte socialista que gobernó el país sudamericano entre 1968 y 1980.

La reforma fracasó y luego de varias crisis políticas y económicas, incluyendo una hiperinflación, muchos hacendados no pudieron cobrar los bonos. Algunos, cansados por años de litigios, han vendido sus derechos a fondos de inversión de mercados emergentes como Gramercy, con sede en Connecticut.

No hay un registro y cálculo oficial sobre el valor actualizado de los bonos, pero expertos afirman que el total oscila entre US$1.000 millones y US$3.000 millones.

"Nosotros estamos contestando la demanda y deduciendo los medios de defensa correspondientes, llámense excepciones y otros aspectos", dijo un funcionario del área legal del Ministerio de Economía sobre la demanda del Banco de Crédito.

Evitar prescripción. El gobierno se muestra ahora más abierto a limpiar obligaciones fiscales, en línea con la votación de los peruanos en un referéndum en octubre que obliga al Estado a pagar otra deuda, de un fondo de vivienda llamado Fonavi.

El ministro de Economía, Ismael Benavides, quien proviene de una familia de agricultores afectada por la reforma agraria, ha reconocido recientemente que los bonos agrarios no fueron pagados, pero afirma que es complicado hacerlo.

Analistas opinan que para no golpear las cuentas fiscales se tendría que honrar la deuda poco a poco a través de nuevos bonos, canjes de deuda por tributos o mediante compromisos de inversión.

Los bonistas de la reforma agraria argumentan que Perú, que tiene la calificación de grado de inversión, debería asumir su deuda interna como lo hace con su deuda externa, mientras la economía del país registra altas tasas de crecimiento.

El representante legal del Banco de Crédito dijo que se planteó la demanda antes de que se cumpliera el plazo de 10 años de prescripción legal para cobrar los bonos, el 9 de octubre.

"Nuestra actitud no ha sido litigar contra el Estado, sino que nos hemos visto obligados a presentar estas demandas para proteger que estos bonos no caigan prescritos", dijo Morales.

Las prescripción nacería de dos decretos presidenciales, emitidos en el 2000 y 2001 cada uno, que ordenaba la creación de un registro de bonistas y la forma de pago, pero ningún Gobierno asumió la tarea, según expertos.

Frustrados por los retrasos, muchos bonistas ofrecen desde hace años hasta por internet vender sus títulos a entre el 10% y el 50% del valor que podrían recuperar.

Abogados y expertos afirman que existen precedentes, aunque pocos, de victorias de algunos tenedores de bonos agrarios en largos juicios al Estado peruano para recuperar su dinero.

"Hay 20 personas jurídicas que ganaron juicios al Estado y el Ministerio de Agricultura les está pagando mensualmente las obligaciones por los bonos", dijo otra fuente del Gobierno.