El electo mandatario mexicano, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre, ha dicho que busca potenciar al gigante estatal Pemex mediante asociaciones con empresas privadas, pero ha enfatizado en que el Estado mantendría la propiedad de los hidrocarburos.
México D.F. El nuevo Gobierno mexicano enviaría al Congreso en el primer semestre del 2013 una reforma energética que podría ser más tibia que la que Enrique Peña Nieto esbozó en su campaña electoral, cuando habló de un eventual cambio constitucional para permitir más inversión privada en la industria petrolera.
Peña, quien asumirá el 1 de diciembre la presidencia de la segunda economía de Latinoamérica, ha dicho que busca potenciar al gigante estatal Pemex mediante asociaciones con empresas privadas, pero ha enfatizado en que el Estado mantendría la propiedad de los hidrocarburos.
Aunque el plan forma parte de un conjunto más amplio de reformas estructurales, vender la idea de hacer cambios a la Constitución para tocar al vital sector petrolero no será tarea fácil para Peña, pues el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo llevó al poder, no tiene mayoría en el Congreso y además enfrenta la resistencia de alguno de sus miembros.
El influyente senador priísta David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado, dijo que la reforma que planean presentar no necesariamente debe pasar por una constitucional, lo cual admitió sería más atractivo para los inversores privados por el aval jurídico que tendría.
"Si tú me dices: 'es que da mayor certidumbre en un espejo constitucional', bueno pues sí", dijo en una entrevista con Reuters.
"Pero también hay que decir algo: el sector es tan atractivo y tan rentable que también yo no descarto (...) que sin modificaciones constitucionales se pueda generar un esquema de participación de capital público y privado cierto", añadió.
Penchyna no dio detalles sobre qué esquema estarían evaluando y argumentó que la propuesta aún se está trabajando.
La propiedad de los hidrocarburos en México es un tema delicado. La industria petrolera fue nacionalizada en 1938 y desde entonces es emblema de soberanía nacional. Además, Pemex es la única que puede explotar la riqueza energética del país.
La petrolera arrastra además una fuerte carga tributaria -alimenta alrededor de una tercera parte de los ingresos del Gobierno- y requiere aumentar sus inversiones en exploración para buscar nuevos yacimientos de crudo y poder cumplir su meta de elevar la producción a más de 3 millones de barriles por día (bpd) en los próximos años.
Por si fuera poco, enfrenta nuevos retos como la incursión en aguas profundas y la posibilidad de contar con grandes reservas de recursos no convencionales como "shale gas" (gas de esquisto) y "shale oil" (petróleo en rocas lutitas) que cambiarían el escenario energético del país, pero que requieren millonarias inversiones.
Penchyna dijo que el PRI buscaría esquemas atractivos de inversión manteniendo la propiedad estatal de los energéticos, en un sector que requiere inversiones anuales de entre 80,000 y 100,000 millones de dólares.
"Estamos trabajando para generar el esquema que mayormente le pueda dar certidumbre a que, sin renunciar a la propiedad del Estado, podamos, de la mejor forma, combinar capital público y privado. ¿Con qué objetivo? Atraer capital", subrayó.
"Creo que llegó la hora de quitarnos el velo y los tabúes que nos tienen supuestamente muy contentos con un modelo muy nacionalistas sumidos en la miseria en el sector energético", subrayó.
Reforma profunda. En el 2008, algunos legisladores del PRI se unieron al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) para bloquear partes de una reforma del presidente Felipe Calderón que buscaba atraer participación privada a Pemex.
La reforma fue aprobada tras varios meses de debates y foros con expertos y en medio de protestas callejeras porque incluyó contratos con privados para exploración y producción.
El resultado más tangible de la reforma fueron los llamados "contratos incentivados", que crearon un esquema en el que privados pueden lograr asociaciones para exploración y producción de crudo.
Ese ha sido el mayor paso para permitir la participación de capital privado en el sector energético, pero está claro que los hidrocarburos siguen en poder del Estado.
Hasta ahora se han realizado dos rondas de licitaciones de este tipo de contratos y se espera que la tercera arranque en unas semanas.
Sin embargo, analistas consideran limitados estos esquemas para atraer capital privado en proyectos tan costosos y riesgosos como los de aguas profundas y cree que sólo una reforma constitucional podría dar mayores inventivos.
"Creo que el equipo de Peña está seriamente considerando no ir por una reforma constitucional (...) Creo que están pensando seguir avanzando más por el pequeño progreso que se ha tenido en base a la reforma del 2008", dijo Luis Miguel Labardini, socio en la consultoría Marcos y Asociados, en la Ciudad de México.
"Pero las grandes petroleras no van a venir a menos de que haya un cambio constitucional", añadió.
Diversas voces del sector energético han señalado en los últimos meses que Pemex debería concentrarse en explotar campos en tierra y aguas someras, en lo que es una autoridad mundial, y dejar que empresas privadas se encarguen de la exploración en aguas profundas, en lo que Pemex tiene menos experiencia.
