Santiago. La mina de oro Pascua Lama, de la compañía canadiense Barrick Gold, enfrenta un momento crucial tras la paralización de sus operaciones ordenada por la justicia de Chile y la investigación que emprende una comisión de la Cámara de Diputados por daños al ambiente.

La comisión de ese órgano parlamentario buscará corroborar los posibles daños al ambiente producidos en el norteño Valle del Huasco por esa empresa, con el fin de determinar la responsabilidad de los organismos fiscalizadores en el desarrollo de un proyecto en ambos lados de la frontera entre Chile y Argentina.

El informe de los diputados deberá ser emitido en un plazo máximo de 90 días y puede ser decisivo para el futuro de la compañía en suelo chileno.

Con una inversión estimada en US$8.500 millones, Pascua Lama se inauguró en 2004 y es el primer proyecto minero binacional chileno-argentino, el cual consiste en desarrollar una mina de oro a cielo abierto, a más de 4.000 metros de altura.

Su objetivo es explotar las reservas minerales de oro y plata desde un yacimiento principal, ubicado sobre la frontera argentino-chilena, y desde otro menor denominado Penélope, ubicado en Argentina, a 2,5 kilómetros al sureste del primero.

El área del proyecto se ubica entre los 3.800 y 5.200 metros sobre el nivel del mar.

Por el lado argentino se encuentra en la localidad Iglesia, provincia de San Juan, y por el lado chileno está localizado en la cabecera de la cuenca del río El Estrecho, en la comuna de Alto del Carmen, provincia del Huasco, región de Atacama.

Esta mina está paralizada por la justicia desde el pasado 10 de abril, luego que varias comunidades indígenas de la zona presentaron una demanda contra la entidad por la contaminación de sus aguas y afectaciones en sus cultivos, ante lo cual los órganos del medio ambiente aplicaran las medidas correspondientes.

La compañía admitió públicamente el incumplimiento de 22 de los 23 cargos formulados por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), uno de los más graves fue la inexistencia de un plan de manejo para el uso de las aguas tras procesar los minerales.

Durante la evaluación ambiental del proyecto, el tema de los glaciares y cuerpos de hielo fue extensamente discutido, con la participación de glaciólogos internacionales e instituciones académicas y autoridades de ambos países.

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El permiso ambiental otorgado por Chile establece que la compañía sólo tendrá acceso al mineral de manera tal que no se produzca ninguna remoción, reubicación, destrucción ni intervención física de los glaciares "Toro 1", "Toro 2" y "Esperanza".

Ante la paralización ordenada por la justicia, la compañía Barrick Gold contrató a expertos en minería chilena y sustituyó a sus funcionarios en Sudamérica, al desistir del proceso iniciado en los tribunales ambientales en contra de la SMA para refutar los cargos impuestos por el organismo fiscalizador.

Tras reconocer los errores, el representante legal de la compañía, Derek James, declaró que Barrick Gold trabajará en la superación de los inconvenientes y en el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Por su parte, el gobierno chileno valoró la actitud de la minera, al señalar que todos los proyectos que afecten al ambiente pasarán por el mismo proceso de calificación y las exigencias establecidas en la ley.

De esa forma, la empresa se concentrará en el plan de cumplimiento que impondría la SMA y ejecutar de forma correcta las condiciones impuestas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El reconocimiento del incumplimiento en su manejo para la protección de aguas puede permitir a la compañía presentar un mecanismo de mejoramiento de sus sistemas y evitar duras sanciones como, por ejemplo, el retiro de su permiso ambiental.

Sin embargo, el director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, dijo que la revisión del proyecto amerita la cancelación del permiso de explotación del oro, al considerar que ha sido paralizado primero por el Ministerio de Minería y luego por la Corte de Apelaciones de la ciudad de Copiapó.

"Existen sanciones por irregularidades por extracción ilegal de agua, por no respetar las medidas de mitigación de los glaciares y por estarlos destruyendo. Hay una acumulación de irregularidades que cualquier persona se dará cuenta de que este proyecto no se puede seguir desarrollando" señaló el experto.

Por su parte, el vocero del Consejo de Defensa del Valle del Huasco, Mauricio Ríos, indicó que las distintas acciones judiciales han surtido un mayor efecto que la vía administrativa e instó a las autoridades de la SMA a adoptar más sanciones contra la minera.

En esa coyuntura, las conclusiones de la comisión de la Cámara de Diputados serán decisivas respecto a la continuación o no de este proyecto minero en suelo chileno.