El 2 de febrero Gabriel Restrepo, un fogueado minero colombiano, salió de madrugada a trabajar en una mina de carbón en el departamento de Antioquia, al noroeste del país. A esa misma hora, en Bogotá, el ministro colombiano de minas, Carlos Rodado, se preparaba para iniciar las labores propias de su ministerio.

A las siete de la mañana, Restrepo, se había intoxicado con gases, en un socavón explotado ilegalmente; a las 11 el ministro Rodado anunció un plan de choque para reducir los accidentes en las minas subterráneas. “El país, en vez de tener un desarrollo minero regulado, lo que tiene es un campo minado, pues cada mina es una bomba de tiempo”, dijo. La policía terminó el día con dos minas intervenidas y 17 capturas en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

La muerte de Restrepo fue una de las gotas que rebosaron el vaso en la actividad carbonífera de socavón, en donde se presenta el 95% de los accidentes, pese a que la producción de carbón por extracción subterránea sólo representa el 9,41% frente a un 90,6% de la de cielo abierto. Hasta la segunda quincena de febrero se contabilizaron 40 muertos en 19 accidentes en esta clase de minas. En total 2010 cerró con 171 accidentes fatales.

Pero si en el carbón los muertos lo ponen los accidentes, en el oro se trata de homicidios por las disputas entre grupos ilegales y delincuentes. Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, en Colombia existen 6.000 minas constituidas en el marco de la legalidad y 3.000 fuera de él.

Con este panorama calienta motores la locomotora de la minería, uno de los cinco sectores en que el gobierno de Santos tiene cifrado su crecimiento económico. Pero antes de dar el silbato de partida, deberá revisar los rieles para evitar un descarrilamiento fatal y preparar al maquinista que corre peligro de ser arrollado por los vagones.

La producción de carbón y oro viene creciendo considerablemente en los últimos años. Colombia produjo 74 millones de toneladas de carbón en 2010, un aumento de 12% respecto a 2006. La producción de oro, en cambio, creció en el mismo lapso en 240%, alcanzando 53, 6 millones de gramos en 2010. Con semejantes cifras, Colombia exportó U$ 5.112 millones en carbón (el segundo renglón de exportaciones después del petróleo) y U$ 1.997 millones en oro.

¿Tren bala o a vapor?

“El sector desbordó a la institucionalidad, que no ha podido adaptarse a su crecimiento”, dice César Díaz, presidente de la Cámara Colombiana de la Minería (CCM). “Mientras la minería va a 10.000 kilómetros por hora, el gobierno va lento”.

Según Díaz, a las autoridades les faltó óptica para entender la evolución de la industria, y las instituciones encargadas del tema carecen de protagonismo. El propio ministro Rodado admitió que sólo hay 16 funcionarios para fiscalizar las operaciones mineras de todo el país, y que en los últimos años se han expedido títulos mineros prácticamente con el documento de identidad, sin ningún tipo de exigencias. En efecto, en ocho años el número de títulos aumentó en un 198%.

Tras el último accidente, el gobierno suspendió por seis meses la recepción de solicitudes de concesión y de legalización, y contempla un paquete de medidas para aumentar las multas de US$ 8.400 a US$ 280.000, caducar contratos por incumplimientos graves en seguridad y crear una Agencia Nacional Minera.

Para el presidente de la CCM, estas medidas deben ir acompañadas con proyectos sociales en las zonas de vocación minera, más aún cuando el ministro Rodado ha reconocido que los cierres pueden dejar sin empleo a 150.000 trabajadores, convirtiendo al remedio en algo peor que la enfermedad.

“Hay que tener represión, pero también un acompañamiento del Gobierno hacia la formalidad, con líneas de crédito blandas, casi subsidiadas, para que los empresarios tengan acceso a equipos de seguridad”, dice Díaz.

Para Oswaldo Bustamante, vice decano de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, el plan del gobierno es pequeño y el ejercicio de la autoridad minera sigue siendo insuficiente, al tiempo que a la estrategia le faltó el componente en educación. Para Bustamante, uno de los pocos doctores en minería que tiene Colombia, el problema de fondo detrás de la informalidad y los accidentes es un déficit de profesionales en la minería colombiana. Durante la crisis en seguridad de los 90, el asedio de la guerrilla hizo cerrar muchas operaciones y en la Universidad Nacional incluso se llegó a pensar en poner fin a la Facultad de Minas, debido a la baja de estudiantes.

El crecimiento tomó a Colombia, por tanto, con un grave déficit de profesionales en el área. “Si a la locomotora no le meten un componente de educación muy fuerte, de alto nivel, no dejan de ser tiros al aire”, dice Bustamante. “Todos estos asuntos de seguridad minera son por malos profesionales o gente que no sabe, que no tiene educación en el manejo de ambientes subterráneos”.

En el caso de la Universidad Nacional, la más importante en el área y la única con programas de maestría, tiene congelada su planta de profesores desde hace 15 años, y aunque ha aumentado el número de aspirantes a ser ingenieros mineros a 800 anuales, ésta llegó a un tope de 80 alumnos nuevos.

El oro en la mira.

Según fragmentos de correos electrónicos revelados por el presidente Juan Manuel Santos, los grupos ilegales controlan explotaciones de oro en varias partes del país, y las estarían usando para pagar material bélico y financiar la guerra. La actividad sería, en algunos casos, tan rentable como el tráfico de drogas.

La Policía Nacional ha emprendido una ofensiva y hasta la tercera semana de febrero de este año había capturado a 237 personas e intervenido 32 minas ilegales. El problema, sin embargo, es que no resulta tan fácil distinguir a los justos de los pecadores.

“Nosotros hemos sido señalados como auspiciadores de grupos al margen de la ley, no como víctimas, y esta señalización nos está perjudicando”, dice Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca Antioqueño. Ésta es una de las zonas con mayores problemas de orden público para la actividad, en donde además se incrementó la extorsión a los mineros. “El ambiente se ha vuelto muy tenso, los trabajadores están temerosos y algunos prefieren más bien irse y abandonar el trabajo; entonces la mano de obra se hace más costosa”, dice el dirigente.

El presidente del Congreso, Armando Benedetti, propuso la creación, dentro de la Fiscalía, de una unidad especial contra la minería ilegal. En otro plano, Díaz, presidente de la CCM, advierte sobre la necesidad de trabajar en el certificado de origen de los minerales. Dar garantías de que trabajadores como Restrepo no sigan muriendo asfixiados, ni que su trabajo sirva para enriquecer a los caciques de la droga.