San Salvador, Xinhua. La empresa canadiense de explotación minera Pacific Rim demandó al estado salvadoreño por US$315 millones en reclamo por la negativa del país centroamericano a permitir la extracción de oro y plata.

La filial en Estados Unidos, Pac Rim Cayman, acudió ante un tribunal del Centro Internacional de Arreglo en Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para que determine si El Salvador violó sus leyes de inversión al negarse a emitir licencias para iniciar la explotación de los minerales.

La trasnacional quiere ejecutar el proyecto de la mina El Dorado, ubicada en el municipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas.

El Ciadi deberá dirimir si El Salvador debe cumplir con alguna responsabilidad monetaria por el incumplimiento de cualquiera de las protecciones de inversión para los extranjeros en virtud de las leyes derivadas del Tratado de Libre Comercio que El Salvador suscribió.

La compañía sostiene que el diseño de la mina El Dorado fue presentado a las autoridades salvadoreñas hace ocho años y cumple con los estándares ambientales de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Mauricio Funes rechazó la iniciativa y sostiene que la empresa no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería que exige la legislación salvadoreña.

Pacific Rim llegó al país gracias a una licencia de exploración que fue aprobada por el gobierno del expresidente Francisco Flores en 2002.

La empresa minera sostiene que invirtió millones de dólares en las tareas de investigación y aseguró que los estándares ambientales con los que habían diseñado la operación de la mina sienta "nuevos precedentes" en el continente y supera los parámetros existentes en Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, el exmandatario Antonio Saca negó los permisos de operación a los proyectos mineros.

En 2009 Pacific Rim solicitó un arbitraje internacional y ahora se ampara en que El Salvador suscribió el tratado de libre comercio entre Estados Unidos., Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR), y en la Ley de Inversiones

En junio de 2012, el CIADI rechazó el amparo de la empresa en el Cafta por no tener una relación directa con el tratado.

A lo largo de los últimos cinco años, la iglesia católica y varias organizaciones ambientalistas exigen al gobierno de Funes la creación de un decreto que prohíba la extracción minera metálica en cielo abierto.