Tres empresas se están amparando en los TLC que Colombia firmó con EE. UU. y Canadá para exigir que se respeten los contratos de extracción que se traslapan con ecosistemas estratégicos.

Bogotá. La delimitación de los páramos en Colombia está saldando una deuda histórica con el medioambiente, pero también está abriendo un limbo jurídico para las empresas que ya tenían concesiones con licencias ambientales en esas zonas estratégicas.

A la demarcación del páramo de Santurbán se sumaron esta semana otros ocho ecosistemas, y el Gobierno espera que al finalizar el año los otros 27 sistemas de alta montaña tengan definidos sus límites para protegerlos de la extracción minera y de hidrocarburos, tras la decisión de la Corte Constitucional de que, ni siquiera antes de su prohibición en 2010, debe haber proyectos en estas zonas estratégicas. Pero el Gobierno lo había permitido hasta que vencieran los contratos, justamente para evitar desgastes jurídicos.

Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), existen más de 475 títulos —286 en explotación— que se traslapan con 28 páramos, en una superficie de 127.000 hectáreas. Dichas concesiones pertenecen a cerca de 100 empresas y 300 personas naturales, quienes, a medida que se delimiten los páramos, tendrán que frenar sus actividades.

Eco Oro, antes Greystar, empresa canadiense que desde hace veinte años adelanta el proyecto minero de Angostura, en el páramo de Santurbán, prendió la primera chispa. Hace un par de semanas, ignorando las competencias del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, dirigió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que le notificó la intención de iniciar formalmente un proceso de acuerdo amistoso, invocando los artículos pactados en el tratado de libre comercio con Canadá que protegen jurídicamente a las empresas extrajeras.

De llegar a darse, las partes tendrán que sentarse, en un período no mayor a seis meses, a definir cómo podría Eco Oro desarrollar el proyecto de Angostura sin afectar el páramo. De no encontrar puntos en común, dijo la empresa, llevaría el caso a un tribunal de arbitramento internacional para definir si se violó algún derecho de la empresa o si, por el contrario, el Estado actuó de conformidad con lo pactado en el acuerdo bilateral.

“Hemos invertido US$250 millones, llevamos veinte años sacando el proyecto adelante y la idea es avanzar en esa meta, obviamente respetando el medioambiente, el páramo. Yo también vi Magia salvaje (película) y todos somos conscientes de que este es un ecosistema que tenemos que cuidar, pero eso no implica que la minería no se pueda hacer. Hay compatibilidades, y eso es lo que estamos buscando”, señaló Mark Moseley-Williams, presidente de Eco Oro.

Por esta razón, el Gobierno se debate entre empezar a apagar la locomotora minera que anunció con entusiasmo en 2010 o buscar soluciones para que estos empresarios puedan realizar sus proyectos mineros sin afectar los ecosistemas. ¿Cómo va a actuar frente a los títulos que se solapan con los parámos? ¿Por qué hizo concesiones dentro de los ecosistemas? ¿Qué tan viable es que un tribunal internacional ponga en jaque la autonomía del país?

El ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, ya lo ratificó: se cumplirá a rajatabla la sentencia de la Corte Constitucional de erradicar la minería existente en páramos y evitar que se otorguen nuevos títulos dentro de ellos.

“A partir de las resoluciones que firmé de la delimitación de páramos, en el tema minero y de hidrocarburos, las licencias ambientales, de acuerdo con los límites, dejan de tener vigencia. Y se está trabajando con el Ministerio de Minas para tomar la decisión frente a los títulos vigentes para darlos por terminados con base en la sentencia de la Corte Constitucional”.

En todo caso, dijo que las empresas están en el derecho de hacer la reclamación que cada una considere, si creen que se han vulnerado sus derechos. No obstante, “estamos acatando una decisión de la Corte”.

La otra pregunta que entra al debate es: ¿por qué el Gobierno hizo concesiones dentro de los ecosistemas?

Primero, porque tácitamente sólo se prohibió a través de un artículo del Plan de Desarrollo 2010-2014, aunque se hizo la salvedad de que las empresas que antes de 2010 tuvieran concesiones con licencia ambiental podrían explotar en páramos hasta la caducidad del contrato. No obstante, eso fue lo que el alto tribunal contrarió.