Vetas, Colombia. En lo alto de las montañas de Colombia, José Alberto Gamboa confiesa que lo único que sabe hacer es buscar oro, un metal que lleva incrustado en su sonrisa, y defendería como fuera a la minería por poner comida en su mesa durante décadas.

"Nos tocaría conseguirnos un fusil e irnos a la guerra, porque ¿con qué vamos a mantener a los hijos?", dijo el recio campesino de 67 años y padre de siete hijos, durante un descanso de su turno en la mina Reina de Oro, sobre una empinada ladera del municipio de Vetas, a 3.350 metros de altura.

Gamboa no está solo en su defensa de la minería: Reuters conoció que la comunidad de Vetas acordó realizar en los próximos meses una consulta popular para consagrar la explotación minera en sus tierras, actividad que dio origen al pueblo hace unos 467 años.

Aunque la consulta en Vetas sería el primer referéndum a favor de la minería en Colombia y podría alentar otras similares en distintas regiones, algunas grandes compañías creen que este tipo de consultas aumentarán la incertidumbre jurídica ante la ausencia de una ley que indique si son vinculantes o no.

Una delimitación previa del Páramo de Santurbán, el macizo andino donde se ubica Vetas, prohibió la explotación minera en 2014 en una zona que incluyó la mitad de las tierras dadas en concesión a la canadiense EcoOro. La firma invirtió US$250 millones previo al fallo y demandó al Estado por US$764 millones.

Además, las comunidades suelen apoyar a pequeñas empresas locales y a la minería artesanal en desmedro de grandes mineras internacionales como AngloGold, Continental Gold <CNL.TO>, EcoOro <EOM.CD> y Red Eagle <R.TO>.

"Apoyamos la consulta, pero no nos interesa apoyar a ninguna multinacional", dijo Johanna Rangel, socia de Reina de Oro, una mina propiedad de 12 familias de la región que ha sido explotada durante varias generaciones y emplea a 60 personas.

Con todo, la actitud en Vetas contrasta con seis consultas que rechazaron la minería en otras regiones en 2017 y otras 54 pendientes que asustaron a inversores extranjeros y provocaron la suspensión del prometedor proyecto aurífero de la sudafricana AngloGold Ashanti <ANGJ.J> cerca del municipio de Cajamarca.

Aunque no se tiene certeza del potencial de Colombia debido a un conflicto armado de más de medio siglo que limitó la exploración, estudios preliminares auguran grandes oportunidades en oro, cobre y las denominadas "tierras raras" como el coltán.

Los habitantes de Vetas no quieren sufrir lo mismo que sus compatriotas en Cajamarca, en el departamento del Tolima, cuya economía se desplomó luego de la consulta que prohibió la minería y obligó a salir a AngloGold tras invertir US$360 millones en un proyecto hoy abandonado en las montañas ricas en oro.

En el limbo. El Gobierno de Juan Manuel Santos prometió en el 2017 una norma para aclarar el alcance de las consultas populares, pero a cuatro meses de terminar su mandato no se ha concretado ni tiene trazas de hacerlo en medio del fragor de la campaña electoral.

"El escenario ideal sería que las empresas, el sector privado, no tengan que participar en estas decisiones altamente políticas", dijo Juan Camilo Nariño, director de Asuntos Corporativos de AngloGold en Colombia. "Solo dennos reglas claras".

Red Eagle y Continental Gold no respondieron a las solicitudes de comentarios.

A pesar de que el Gobierno asegura a los inversores que pueden operar, argumentando que las consultas locales no pueden decidir el destino de la actividad minera, las comunidades están convencidas de lo contrario. Ante ello, las compañías prefieren no arriesgarse a confrontar con los pobladores.

"Queremos que el gobierno nacional, los tribunales, la opinión pública vean que aquí, en Vetas, queremos la minería y que queremos decidir por nosotros mismos", dijo Angélica García, personera de la localidad.

"Si se restringe la minería va a desaparecer básicamente el municipio", agregó.

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ha dicho que las consultas no están por encima de la ley, pero admitió que la industria e incluso las propias autoridades le han temido al activismo de las comunidades.

"Esto no es un problema que el Estado resuelve solo o las empresas resuelven solas", dijo Arce al término de un foro en Bogotá. "Falta mucho todavía por construir confianza, pero esas cosas no pasan de un día para otro".

La consulta en Vetas busca ganarle de mano a la Corte Constitucional, que ordenó hacer antes de noviembre una delimitación definitiva para proteger zonas ecológicamente sensibles que -según los habitantes- podrían incluir a este municipio y sus humedales.

Una delimitación previa del Páramo de Santurbán, el macizo andino donde se ubica Vetas, prohibió la explotación minera en 2014 en una zona que incluyó la mitad de las tierras dadas en concesión a la canadiense EcoOro. La firma invirtió US$250 millones previo al fallo y demandó al Estado por US$764 millones.

No a multinacionales. Para expertos, las multinacionales están cometiendo errores a la hora de interactuar y lograr el apoyo de las comunidades.

"El público en general piensa que las empresas son fuertes, egoístas, arrogantes, deshonestas, son el matón del curso", dijo Jaime Arteaga, asesor de compañías del sector.

El sentimiento en contra de la minería a gran escala tiene eco en el municipio de California, cercano a Vetas, donde los habitantes aún se ganan la vida buscando oro en el río.

Los residentes apoyan la minería, pero han tenido una tensa relación con Minesa, propiedad del gobierno de la ciudad de Abu Dhabi a través de su empresa Mubadala Investment Corporation, por supuestos incumplimientos en temas sociales y laborales, como la contratación de personas ajenas a la región.

"He pasado hojas de vida a la empresa, pero no me han llamado", dijo Martín Rangel, mientras buscaba oro de forma artesanal a la vera del río, una rutina que repite desde hace 28 años por el equivalente de cinco dólares al día.

Minesa dijo que desarrolla un plan en materia de educación, infraestructura local, medio ambiente y emprendimiento en el que ha invertido casi US$3 millones entre el 2016 y 2017.

"Desde que llegamos al territorio nos hemos interesado por tener un diálogo directo y claro con las comunidades del área de influencia del proyecto", respondió en un cuestionario en el que además precisó que la inversión estimada en el proyecto será de 1.000 millones de dólares en los próximos 5 años, generará compras y salarios locales por más US$1.600 millones.

El proyecto aurífero tendría una ejecución de 25 años, una producción promedio anual de 410.000 onzas de oro y más de US$2.000 millones en impuestos y regalías.

"Si se hace una consulta popular apoyando a la minería en California la gente va a decir que sí porque es lo que queremos, es nuestra economía", dijo el alcalde de California, Hugo Lizcano.

"Pero ya que usted haga la pregunta si se estaría de acuerdo con la gran minería, la gente lo va a dudar", concluyó.