Lima. Trabajadores de la metalúrgica Doe Run Perú, paralizada desde hace casi tres años por incumplimiento de un plan ambiental y millonarias deudas, protestaban este miércoles y bloqueaban una importante carretera del país andino en demanda del reinicio de las operaciones.

Alrededor de unos 3.500 trabajadores de Doe Run Perú, una filial de la estadounidense Renco Group, bloquearon con piedras y palos la carretera central en la zona andina de La Oroya, el principal paso que une Lima con el centro del país.

Imágenes de televisión mostraban largas filas de camiones y automóviles detenidos desde la madrugada de este miércoles, mientras que un grupo de manifestantes quemaban neumáticos y lanzaban piedras a otros vehículos.

"Somos 3.500 trabajadores que nos hemos declarado en protesta porque ya son tres años de paralización, de colapso social-económico y queremos que se reinicie las operaciones", manifestó el líder sindical de Doe Run, Royberto Guzmán.

El ministro peruano de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo en un comunicado que entiende las preocupaciones de los trabajadores pero "la firma (Doe Run) no tiene la voluntad de reiniciar la operación al poner condiciones inadmisibles".

Doe Run Perú debió paralizar en el 2009 las operaciones del mayor complejo metalúrgico del país, por incumplir su plan ambiental y asfixiada por millonarias deudas, lo que dejó en la incertidumbre a unos 3.500 trabajadores en la empobrecida zona andina La Oroya.

Una junta de acreedores decidió en enero reestructurar la empresa en lugar de liquidarla, con lo que estaría llegando a su fin el proceso iniciado hace más de dos años cuando Doe Run, otrora la sexta exportadora de metales de la nación, acudió a un organismo estatal que resuelve las insolvencias de compañías.

Plan no ejecutable. La firma ha entregado recientemente un plan de reestructuración a la junta de acreedores, que contiene un acuerdo entre la comercializadora de materias primas Glencore y Renco para un financiamiento por US$200 millones.

Sin embargo, Merino dijo que el plan de Renco "no es ejecutable porque condiciona el financiamiento de US$65 millones de un total de US$200 millones".

"Pretenden que el Estado peruano se allane a los juicios que tiene Renco en Estados Unidos y en todos sus extremos. Ello es inadmisible y el Estado peruano no puede hacerlo", agregó.

Renco Group enfrenta juicios en Estados Unidos de personas afectadas por la contaminación en La Oroya -considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo- y según medio locales habría pedido que Perú asuma el costo de esta demanda.

"Deben plantear un plan de reestructuración factible, es el dueño. En ese sentido nosotros seguimos conversando y vamos a seguir en una posición dialogante y de facilitación al dueño para que pueda reanudar las operaciones y pagar sus deudas", afirmó.

El gobierno peruano ha afirmado que no aceptará presiones de Doe Run y que la empresa debe culminar su plan ambiental para poder reiniciar sus labores en el complejo metalúrgico.

"Esperamos que el gobierno retome un diálogo con la empresa, dé luz verde al reinicio de las operaciones y se apruebe el plan de reestructuración en la junta de acreedores para poder volver a trabajar", dijo Guzmán.

La imagen de Doe Run Perú fue seriamente afectada en el 2009, cuando incumplió con la última extensión del plazo que el Congreso le concedió para que concretara su plan ambiental para mejorar o remediar la contaminada zona de La Oroya.

El gobierno peruano se convirtió en el mayor acreedor de Doe Run Perú -con un 36% del total- luego de que la empresa incumplió con su plan de saneamiento ambiental valorizado en unos US$150 millones.

El otro importante acreedor de Doe Run Perú es Doe Run Cayman -una unidad especial-, con un 35%. El resto son principalmente proveedores de minerales, a los que la compañía debe unos US$100 millones.