Sao Paulo. El Ministerio Público brasileño pretende anular un millonario contrato entre la multinacional francesa Alstom y la brasileña Eletropaulo, operadora de energía en el estado de Sao Paulo, por un valor de 1.129 millones de reales (unos US$415,6 millones), informó este martes una fuente judicial.

Según las investigaciones, se sospecha que Alstom pagó un 15% como soborno por la ampliación, en 1998 y sin proceso de licitación mediante, del contrato suscrito en julio de 1990 y de acuerdo con el fiscal de Justicia del Patrimonio Público y Social de Sao Paulo, José Carlos Blat, se espera recuperar parte del dinero desviado.

"Si no hay licitación, es un contrato que no podría ser celebrado (...) El contrato ya nace totalmente ilegal", declaró el fiscal en una rueda de prensa.

La Justicia brasileña ordenó el lunes el embargo de bienes de ocho personas físicas y de tres empresas, entre ellas Alstom, por un valor de 282,2 millones de reales (unos US$103,9 millones), que equivalen a un cuarto del valor total del contrato.

El contrato fue suscrito entre Eletropaulo y Cegelec, controlada por el grupo Alstom, para la modernización de la transmisión de energía a través de la ampliación de las subestaciones, un proyecto al que se denominó Gisel II.

Entre las personas físicas a las que les fueron bloqueados bienes está el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Sao Paulo Robson Marinho, quien está separado temporalmente del cargo.

"Robson Marinho no sólo fue quien facilitó, él fue quien permitió la ejecución del término anexado (al contrato) y a partir de eso fue que Alstom y Cegelec consiguieron implementar y entrar en la ejecución del referido contrato", detalló Blat.

De acuerdo con el fiscal, el soborno fue pagado entre 1998 y 2012 a través de cuentas de empresas de consultoría abiertas en el exterior.

"Se trata de una red de corrupción escandalosa. Esta medida de bloqueo representa la real gravedad de este caso", puntualizó el fiscal, quien recordó que en el proceso existe "una contundencia de las pruebas materiales recolectadas, no sólo en Suiza y Francia, sino en Sao Paulo también".

Alstom, por su parte, declaró en un comunicado que la empresa "ha implementado, en toda su organización, reglas estrictas de conformidad y ética a las que deben ser adherirse todos los empleados".

En diciembre pasado un juez brasileño ordenó también el embargo de los bienes de seis empresas, entre ellas Alstom, con motivo de una investigación sobre supuestos fraudes en licitaciones de líneas de tren en Sao Paulo, informaron medios brasileños.

El embargo, por alrededor de 600 millones de reales (unos US$226 millones en la época), fue impuesto a las cuentas de Alstom, la alemana Siemens, la canadiense Bombardier, la japonesa Mitsui, la española Caf y la brasileña TTtrans.

La decisión atiende a un pedido de la Policía Federal brasileña, que recientemente concluyó una investigación y acusó a 33 de los investigados, entre ellos ejecutivos de multinacionales y representantes de Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos(CPTM).

Según las investigaciones, las empresas investigadas son sospechosas de haber formado un cartel entre 1998 y 2008 para dividir entre ellas los contratos de reformas de la CPTM.

El supuesto cartel fue revelado en mayo de 2013 por la multinacional Siemens, tras un acuerdo con el Comité Administrativo de Defensa Económica (Cade).