El ministro peruano del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, demandó la detención de los dirigentes del grupo que se opone con actos de violencia al proyecto minero Tía María, del consorcio mexicano Southern Copper, en la región surandina de Arequipa, informó la prensa local.

La reacción del alto funcionario ocurre después que las autoridades peruanas decidieron la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay, donde la población lleva a cabo una huelga de 50 días contra el proyecto minero, alegando que contaminarán sus aguas y perjudica sus actividades agrícolas.

"El Ministerio Público tiene que cumplir su trabajo y el poder judicial tiene que actuar", declaró el ministro a un programa local de televisón en referencia a los hechos violentos que la semana pasada provocaron tres muertes, la de dos campesinos a manos de la policía y un policía golpeado por los manifestantes.

Una de las primeras medidas de fuerza adoptadas por el gobierno peruano el pasado fin de semana, fue el envío de 2.000 soldados para la custodia y vigilancia de las instituciones públicas e infraestructuras de la provincia de Islay, ubicada 996 kilómetros al sureste de Lima.

Pulgar-Vidal dijo que toda manifestación o protesta ciudadana que llega a cometer actos violentos, como ocurrió en Islay, deben ser judicializados, más aún cuando ha provocado la muerte de un policía. El ministro también aseguró que, pese a lo ocurrido, aún hay un espacio para el diálogo, pero estas conversaciones ya no deben incluir a los dirigentes de estas comunidades sino a los alcaldes distritales de la provincia surandina.

La respuesta de los dirigentes opositores a las medidas adoptadas por las autoridades, es que continuarán la paralización de actividades, al demandar la suspensión del proyecto de Southern Copper.

El proyecto Tía María tiene previsto invertir unos US$1.200 millones en este complejo minero, el cual tendrá una capacidad de producción cercana a 120.000 cátodos de cobre al año.