La comisión de contraloría del parlamento, controlado por la oposición, denunció este miércoles que durante la década en la que Rafael Ramírez sirvió como su presidente, la corrupción en PDVSA fue de amplia escala.

Caracas. El ex presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, dijo el jueves que una investigación del parlamento, que lo responsabiliza por la malversación de unos US$11.000 millones, está fundada en "falsedades".

La comisión de contraloría del parlamento, controlado por la oposición, denunció el miércoles que durante la década en la que Ramírez sirvió como su presidente, la corrupción en PDVSA fue de amplia escala.

El actual representante de Venezuela ante Naciones Unidas, quien hasta 2014 dirigió la principal empresa del país y el ministerio de Petróleo, dijo que con la denuncia, la oposición intenta "adelantar una campaña de desprestigio y linchamiento moral contra los dirigentes de la Revolución".

La investigación de los parlamentarios se basó en 11 casos, que van desde un escándalo bancario en Andorra, al presunto sobreprecio en la compra de equipos petroleros.

Las acusaciones, que fueron detalladas en un informe enviado a la plenaria del Congreso, se basan parcialmente en documentos de PDVSA, de su firma auditora KPMG, investigaciones penales fuera del país y entrevistas.

Según el documento de más de 100 páginas, KPMG ha advertido de la existencia de "fraudes" a la dirección de la compañía, que tiene "pleno conocimiento" de las irregularidades.

"Quiero por este intermedio negar absolutamente las mentiras, las declaraciones e infamias de tales diputados y del 'supuesto informe'", escribió Ramírez en una carta hecha pública a través de su cuenta de Twitter @RRamirezVE.

"Este es falso y así está demostrado. PDVSA y todas sus actuaciones están perfectamente reflejadas en todos los informes y documentos por la misma presentados año tras año, de acuerdo con las más estrictas normas internacionales", agregó.

La petrolera no ha reaccionado a las denuncias.

El Gobierno socialista, apoyado en decisiones de la justicia, insiste en que la Asamblea está en desacato, por lo que sus decisiones no son válidas. Ramírez, usando este argumento, calificó la pesquisa como "una actuación ilegal".

El Parlamento buscará interponer demandas penales y civiles contra los involucrados en el supuesto desfalco.

PDVSA ha estado envuelta en multimillonarios escándalos de corrupción en los últimos años.