Los estados de la costa estadounidense del Golfo de México resultarán más beneficiados por una nueva ley que les permitirá recibir miles de millones de dólares por potenciales multas del gobierno federal a la petrolera británica BP, luego del derrame de crudo desde la plataforma Deepwater Horizon en 2010.

El acta RESTORE, firmada por el presidente Barack Obama el 6 de julio, ordena que 80% de las multas que pague BP bajo el Acto del Agua Limpia sean depositadas en un nuevo fideicomiso para los esfuerzos de restauración de cinco estados de la costa afectados por el peor vertido de petróleo en Estados Unidos: Luisiana, Alabama, Misisipi, Florida y Texas.

BP enfrenta miles de millones de dólares en sanciones criminales y civiles por la explosión el 20 de abril de 2010 de la plataforma Deepwater Horizon, que causó la muerte de 11 trabajadores y dejó escapar 4,9 millones de barriles de petróleo que mancharon las costas de varios estados de la costa estadounidense del Golfo de México.

Para Luisiana, el estado más afectado por desastre, el pago de las compensaciones por el accidente no llegará hasta que los gobiernos locales y la autoridad federal logren un acuerdo con BP y sus socios, o hasta que las cortes evalúen si la petrolera fue extremadamente negligente con el derrame.

BP ha rechazado vehementemente cualquier reclamo de negligencia extrema o conducta malintencionada, que podría aumentar considerablemente las multas bajo el Acto del Agua Limpia.

Sin el proyecto de ley, las multas federales del Acto del Agua Limpia habrían ido directamente al Tesoro estadounidense. Ahora entre US$4.000 y US$16.800 millones podrán ser destinados a las arcas de los estados afectados por el accidente.

Las multas derivadas por violar el Acto del Agua Limpia podrían alcanzar US$21.000 millones, asumiendo que BP fuera hallado culpable de negligencia por la totalidad del derrame de petróleo, un gran desafío para los fiscales, según algunos analistas.

Por sobre ello, BP podría enfrentar multas criminales que van entre US$5.000 y US$10.000 millones, según Thomas Claps, analista en litigios de Susquehanna Financial Group LLP en Nueva York.

Pero en la parte inferior de ese rango, la porción de Luisiana no sería de gran ayuda para dar inicio a los planes de US$50.000 millones que el estado ha desarrollado para la restauración de sus costas y protección contra inundaciones.

"A fin de alentar este proyecto de ley, BP tendrá que alcanzar un acuerdo o tendremos que ir a la corte para pelear", dijo Garret Graves, asesor ambiental del gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, y una imagen clave en el caso del estado contra

BP. Más de dos años después del derrame, el departamento de Justicia de Estados Unidos y el gigante energético basado en Londres siguen involucrados en difíciles negociaciones para resolver el masivo litigio sobre el evento.

Funcionarios de Alabama y Misisipi refirieron que están manteniendo abiertas sus opciones.

"Mientras que estamos abiertos a lograr un acuerdo razonable, seguimos trabajando diligentemente con el fiscal general (de Alabama) en la preparación del caso de Alabama para llevar a juicio", dijo la portavoz del gobernador del estado, Robert Bentley.

En Misisipi, el gobernador Phil Bryant estableció un equipó para determinar las prioridades de los fondos de las potenciales multas del Acto del Agua Limpia.

El derrame afectó duramente a la industria turística de Florida y el estado "está comprometido en garantizar que BP compense por completo a Florida por sus pérdidas", dijo un portavoz del fiscal general de florida, Pam Bondi.

Centrándose en los litigios. Para que BP consiga un acuerdo global, debe ganar el apoyo de los estados de la costa estadounidense del Golfo. Luisiana, al menos, parece preparada para acudir a los tribunales en vez de recibir una compensación apresurada, y existe un caso civil previsto para empezar procesamientos en Nueva Orleans el 14 de enero del 2013.

"En base a lo que estamos viendo creemos que ahí es donde debemos centrar nuestros recursos, nuestro litigio", dijo Graves a Reuters en una entrevista.

Graves no quiso comentar sobre su participación en las negociaciones para acuerdos extra judiciales, que según fuentes siguen adelante pese a las dificultades.

Tanto BP como el departamento de Justicia de Estados Unidos han declinado reiteradamente discutir los progresos de las conversaciones.

"Es un asunto que actualmente está bajo litigio, bajo investigación", dijo este jueves el vicefiscal general estadounidense James Cole.

Luisiana, que sufrió buena parte de los daños del derrame con cerca de 1.050 kilómetros de costas contaminadas por crudo, tiene muchos incentivos para esperar hasta una batalla judicial en lugar de aceptar un acuerdo de compensación con pagos mucho menores, dicen los expertos.

"Tienes un acusado que no puede permitirse pagar por el juicio", dijo Blaine LeCesne, profesor de derecho de la Loyola University en Nueva Orleans, en referencia a BP. "De modo que, ¿por qué te conformarías con la mitad de lo que vale el juicio?", inquirió.

Un acuerdo global que resuelva todas las responsabilidades entre las partes sería de gran ayuda para BP y el Gobierno de Obama. La petrolera británica podría verse impulsada en el futuro, en momentos en que sus acciones aún se transan a alrededor de un tercio menos de los niveles previos al vertido.

Barack Obama podría apoyar un generoso acuerdo de compensación del que podría beneficiarse mientras lleva adelante su campaña para conseguir la reelección en los comicios estadounidenses de noviembre.

En marzo, BP consiguió un acuerdo estimado en US$7.800 millones para resolver demandas económicas, médicas e inmobiliarias de 125.000 individuos y negocios afectados por el derrame. Un juez programó una audiencia en noviembre para evaluar el acuerdo.

¿Juicio en ciernes? Sin confirmar un reporte del 8 de junio del diario Financial Times de que BP busca pagar US$15.000 millones para saldar toda su responsabilidad criminal y civil, Graves dijo que esas cifras "serían consideradas como un globo sonda relleno de plomo" en Luisiana.

"Fácilmente serán decenas de miles de millones de dólares", dijo Graves. "Eso es compatible con los rangos de un acuerdo global extra judicial que creemos es apropiado para este caso", sostuvo.

Buena parte de los estados de la costa estadounidense del Golfo de México recibieron menos ingresos por impuestos de explotación de recursos y los sectores de la pesca y el turismo se vieron gravemente perjudicados.

Graves afirmó que las pérdidas por el derrame estaban entre los factores que llevaron a Luisiana a recortar su presupuesto en "virtualmente cada agencia local", incluyendo en salud y educación. "Esto se hace más costoso cada día para las partes responsables", aseveró.

Más allá del Acto de Agua Limpia, sólo Luisiana puede reclamar US$10.000 millones en compensación por daños, dijo LeCescene de la Loyola's University.

"BP ya tiene un problema de US$30.000 millones en demandas del Gobierno federal", declaró LeCesne. "No veo este acuerdo extra judicial por 10.000 ó 15.000 millones de dólares", concluyó.