La política energética es uno de los pocos puntos de encuentro que el gobierno del uruguayo José Mujica alcanzó con la oposición cuando inició su administración. De hecho, fue uno de los temas donde se redactó rápidamente un acuerdo multipartidarios para orientar las grandes definiciones en esa materia para los próximos 15 años.

Sin embargo, el clima de “armonía” comenzó a fisurarse a partir de algunas licitaciones cuestionadas, a tal punto que hoy la oposición pone en duda su apoyo a la mayor obra energética que ha impulsado el gobierno: la construcción de una planta regasificadora en la bahía de Montevideo. Una obra millonaria que procura dotar al país de seguridad energética y reducir los costos de la energía eléctrica en los próximos 15 años.

Por eso, ahora la oposición comenzó a analizar con “lupa” el proyecto y surgieron varias dudas sobre la viabilidad y conveniencia de invertir unos US$3.000 millones en una planta regasificadora, sin tener la certeza que esto se traducirá en una rebaja en los costos de la energía. Además, los directores de los partidos tradicionales en ANCAP y UTE no tienen información de primera mano sobre la negociación que Gas Sayago –la sociedad anónima que crearon UTE y ANCAP para el negocio– está impulsando para definir el ganador del llamado para la construcción del proyecto. La francesa Gaz de France se perfila para quedarse con la obra, aunque la negociación no está cerrada.

Para el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, la planta regasificadora “no puede ser una aventura caprichosa. El país no está para arriesgar sin un mínimo de certezas, sin los debidos cuidados técnicos y blindajes políticos”, alertó esta semana el senador en un almuerzo de ADM.

El diputado nacionalista, Jorge Gandini, dijo este viernes a El Observador que no sólo hay poca información sobre el proceso que escogió el gobierno para construir la regasificadora, sino que de acuerdo a información que manejan integrantes de su partido la conclusión es que “no hay que hacer avanzar con el proyecto tal cual está planteado”. Gandini hizo caer la primera licitación de UTE para una central de base al denunciar que el ganador, Hyundai Engineering Co. (HEC), había presentado antecedentes falsos. Finalmente fue la obra fue adjudicada Hyundai Engineering & Construction (HDEC), firma matriz de la empresa cuestionada.

El director del Partido Nacional del UTE, Enrique Antía, adelantó a El Observador que no apoyará la adjudicación del la obra hasta tanto no pueda cotejar con técnicos independientes si la regasificadora es “rentable”. “También voy a consultar con el partido antes de dar mi opinión”, añadió.

En una línea similar, el delegado colorado en ANCAP, Juan Amaro, dijo que comenzó a solicitar información al directorio para conocer los detalles de la negociación que está desarrollando Gas Sayago. “Hoy no estoy en condiciones de apoyar un proyecto porque no tengo la información necesaria. Estamos dispuestos a acompañar siempre y cuando sea rentable”, adelantó.

A juicio de Gandini, sobre la posible rebaja de la tarifa que prevé obtener el gobierno una vez instalada la planta “no está clara”. “Que alguien nos conteste a cuánto va quedar el precio del gas”, reclamó el diputado. Agregó que tampoco se informó cómo se pagará la inversión del proyecto.

De acuerdo a lo que acordaron las autoridades de ANCAP y UTE, la empresa eléctrica financiará 90% del proyecto, mientras que el ente petrolero aportará el restante 10%. Para Larrañaga, una inversión que trasciende tres gobiernos no puede permanecer circunscripta a la decisión de una sociedad anónima de derecho privado como Gas Sayago. “Aquí no se necesita celeridad, se necesita seriedad y seguridad. Seguridad económica y ambiental, rentabilidad probable y planificación profesional”, reclamó.

Rentabilidad. Uno de los aspectos que despierta más dudas en la oposición es si efectivamente la planta regasificadora es rentable. El privado que se quede con la obra cobrará un canon por la gasificación de 10 millones de metros cúbicos (m3) de gas por día, independientemente de si se consume la totalidad de ese volumen. El director de Energía, Ramón Méndez, aseguró hace pocos días a El Observador que la planta regasificadora es “rentable” y “viable”, incluso descartando la compra de gas de Argentina.

Las proyecciones de UTE prevén que las centrales térmicas consuman 4 millones de m3 por día, pero solamente durante poco más de tres meses al año. Cuando la hidraulicidad de UTE es buena como ocurre actualmente, abastecerá gran parte de la demanda con sus represas, por lo que el remanente de gas natural que tendrá a disposición Uruguay será mayor a 6 millones de m3 por día, alertó Gandini.

Las proyecciones de los técnicos de ANCAP no prevén un incremento abrupto de la demanda de gas para consumo comercial, industrial y doméstico que está hoy en unos 170.000 m3 diarios. Según ANCAP, en 2019 la demanda crecería a 520.000 m3 y recién superaría el millón de m3 diarios en 2029, precisamente cuando culminaría la conceción al privado de la operación de la planta regasificadora. Gandini estima que ese dinero que se pagará al operador de la planta por gasificar 10 millones de m3 que no se consumirán en su totalidad se terminará agregando en la “tarifa eléctrica”.

“Opacidad”. Para el diputado, la sociedad anónima (Gas Sayago) maneja fondos públicos dentro del derecho privado que “escapan” a los controles del Tribunal de Cuentas (TCR) y la Junta Anticorrupción. “Tampoco conocemos a la gente que está a cargo del proyecto. Son personas de confianza del oficialismo y a los directores de las minorías no le dan información”, cuestionó.

Costo inicial de US$390 millones. De acuerdo a un documento de UTE al que accedió El Observador, la obra de la planta regasificadora y los contratos de funcionamiento por 15 años demandarán una inversión de unos US$2.940 millones. Esto surge de los US$250 millones que costará la escollera para la instalación del buque regasificador, los US$85 millones de apertura del canal de acceso a Puntas de Sayago, los US$30 millones de instalaciones de amarre y US$25 millones de gasoductos. Todo determina una inversión fija por única vez de US$390 millones. Pero a esto hay que sumarle, el costo anual de almacenamiento, remolcadores, regasificación y dragado de mantenimiento que suman unos US$170 millones por año. En un período de 15 años, totalizan US$2.550 millones que se suman a los US$390 millones iniciales.