San Juan. El Departamento de Justicia de Puerto Rico recurrió al Tribunal de Apelaciones para solicitar que se revoque la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia que determinó que la Hacienda local tiene que pagar un reintegro de US$230 millones a Doral Bank.

Según el comunicado, en la apelación presentada se estableció que la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia rebasó los linderos de la Constitución de Puerto Rico.

El Departamento de Justicia entiende que esa supuesta violación constitucional se deriva de "permitir un desembolso multimillonario de fondos públicos para el beneficio privado de una institución bancaria que representó falsamente que había sobre pagado una suma multimillonaria y que fundamentó el derecho al reintegro en falsas representaciones sobre el balance de una deducción contributiva".

El comunicado del gobierno de Puerto Rico apunta que la "prueba desfilada en el juicio en su fondo surgió que Doral no incurrió en un 'sobrepago' de contribuciones que le permitiera solicitar la suma multimillonaria en discusión y combinó dos activos distintos y contributivamente irreconciliables para representar falsamente un monto inflado".

El gobierno de Puerto Rico espera demostrar con esta apelación que "el foro primario abusó de su discreción al limitar el alcance de la prueba que podía presentar en el juicio y al requerir que se eliminara todo argumento alusivo a la Constitución de Puerto Rico y a la teoría general de los contratos".

"Los abogados que nos representan en este caso ante el foro apelativo cuentan con toda mi confianza, al igual que la tuvieron y la tienen los abogados que vieron el caso en el Tribunal de Primera Instancia", apuntó el secretario de Justicia, César Miranda.

"Sé que contamos con una prueba seria y creíble que demuestra claramente que Doral no tiene derecho al reintegro de US$230 millones que reclama. Una vez más, defenderemos con toda intensidad y responsabilidad profesional el dinero que le pertenece al pueblo de Puerto Rico", concluyó Miranda.

El caso de Doral Bank tiene su origen en un acuerdo de 2012 entre la entidad puertorriqueña y el gobierno de la isla por el que éste se comprometía a abonar al banco US$230 millones que supuestamente la entidad financiera pagó en concepto de impuestos durante años previos.

El Ejecutivo de Alejandro García Padilla alegó siempre que ese acuerdo no tenía que haberse firmado y que era paradójico que el responsable de la Hacienda de Puerto Rico en el momento del pacto pasará después a desempeñarse como alto directivo de Doral Bank.

La entidad financiera reclamaba una cantidad que se corresponde con unas reducciones en las ganancias financieras de las que Doral Bank originalmente había informado en sus estados financieros para el periodo 2000-2004 por la revalorización de activos vendidos por la entidad durante esos años.