Insatisfacción por la compensación económica planteada por las autoridades bolivianas y la exigencia de éstas al pago de costos tributarias que no estaban dispuestos a afrontar fueron la razones que llevaron a la anglo-argentina Pan American Energy (PAE) a iniciar recientemente una demanda arbitral contra el Estado de Bolivia.

Según las fuentes del sector petrolero, tras la nacionalización de la subsidiaria de PAE, Empresa Petrolera Chaco, en la que la firma tenía un 50% de la propiedad, el gobierno ofreció a la petrolera US$29 por cada acción, cuando su valor en libros es US$ 38.

Así, por el 50% de las acciones que tenía la anglo-argentina en Chaco, el ejecutivo boliviano propuso pagar alrededor de US$230 millones, previa deducción de contingencias tributarias y otros. Dicho monto, de acuerdo a fuentes citadas por La Razón, es inferior a los US$306 millones que pagó el consorcio anglo-argentino por el 50% de las acciones en la Empresa Petrolera Chaco.

Tribunal ad-hoc. La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, a propósito de la demanda que inició la firma contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), planteó otro escenario para resolver la controversia iniciada por la empresa petrolera Pan American Energy (PAE).

La autoridad dijo que las partes podrían acudir a un tribunal ad hoc, establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Arismendi fue enfática al señalar que el Gobierno no reconoce al CIADI, por lo que el lunes 26 de abril se envió una nota de reclamo al organismo internacional “haciéndole recuerdo airadamente que nosotros no nos vamos a someter a ese procedimiento, porque no lo reconocemos”.

“Bolivia está preparada para defenderse, no puede ser sometida a procesos arbitrales donde no ha señalado su consentimiento”, puntualizó la ministra.

ras la nacionalización a principios de 2009 de su subsidiaria .

Una de las fuentes dijo que ese monto es inferior a los $us 306 millones que pagó el consorcio anglo-argentino por el 50% de las acciones en la Empresa Petrolera Chaco.