Desde hace dos años el embalse de la central hidroeléctrica Yacyretá opera a un nivel superior a la admitida en la Nota Reversal DM/DT/NR Nº 3 de 1989 (cota 83 msnm).

Esta situación pone en peligro no solo a las máquinas de la misma central hidroeléctrica, sino a las poblaciones de la zona de influencia, según técnicos del sector.

La cota máxima debe ser 83 metros sobre el nivel del mar (msnm), según el punto II del instrumento diplomático mencionado. Sin embargo, el director argentino de la EBY, Óscar Thomas, elevó el nivel del embalse a cota 83,5 metros, en forma absolutamente unilateral.

Fuentes cercanas a la binacional afirman que los argentinos no enviaron ni una nota a los consejeros paraguayos para realizar esta operación. Además, solo los ejecutivos y legislativos de ambos países pueden modificar el Tratado.

Para el técnico Guillermo López Flores, miembro del Consejo de la EBY, estos valores no son rígidos porque existe una Nota Reversal estableciendo cota de 84 metros. “En muchas situaciones se toman determinaciones después de ponderar racionalmente beneficios, riesgos y costos. La operación a una cota limitadamente mayor que la nominal (por ejemplo 83,30 msnm), en forma temporal y ocasional, bajo condiciones controladas y tomando las debidas precauciones es prácticamente normal. Si se produce el daño habrá que compensarlo debidamente”, expresó.

Para otros técnicos la nota de López Flores no tiene validez, porque se refería a la operación con “ley a cota reducida”, situación que ya fue superada.

Las 20 turbinas de la central están averiadas. Solo trabajan al 87% de su capacidad nominal, debido a que los argentinos, ante su necesidad de energía, comenzaron a hacerla funcionar antes de la terminación de la obra.

Además de exprimir la central para evitar el colapso total de su sistema eléctrico, los argentinos ni siquiera se ponen al día con el pago de la deuda que mantienen con  Paraguay por la energía que les cede. Hasta hoy no pagan por el consumo de energía del año pasado de US$130 millones. Hasta la fecha penas abonaron US$60 millones, ni siquiera la mitad de esa mora.