Sin mayores rigores, la Itaipú binacional destinó, según lo que consta en los documentos, US$35 millones al Parque Tecnológico (PTI) para encarar diferentes proyectos.

Estos recursos escapan a todo tipo de control, incluso la directora de la fundación, Rocío Robledo, afirmó que se manejaban como una empresa privada y por lo tanto, no tenían por qué mostrar sus rendiciones de cuentas.

Este es sólo uno de los ejemplos de cómo se siguen dilapidando los recursos de la entidad.

Mientras tanto, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) aduce falta de recursos para seguir con la tarea de clasificación y verificación de los más de 10 mil transformadores en desuso que tiene guardados en un depósito que se encuentra en Laurelty, San Lorenzo, en plena zona urbana, a fin de determinar cuáles están contaminados o contienen el aceite conocido como askarel, altamente tóxico y potencial cancerígeno.

Esto sin contar que Itaipú acordó en su presupuesto para este año en concepto de “otros gastos” aumentar a US$230 millones, de los US$ 130.509.700 del año pasado.

Lo cierto es que mientras las autoridades de la binacional prioricen las cuestiones estrictamente prebendarias con fines proselitistas, la ciudadanía corre un tremendo riesgo, puesto que la ANDE acumularía veneno puro en una zona urbana.

En abril de 2004 ya hubo un accidente en la central de Acaray II cuando estalló un transformador que contenía askarel y además de salpicar a 12 funcionarios, también afectó a otros quienes actualmente están recibiendo asistencia en forma permanente en una clínica en Buenos Aires.

El sindicalista de la ANDE, José Pineda,  recordó que en 2004 tuvieron una historia poco feliz con el aceite tóxico askarel.

“Cuando se dio la explosión, dañó seriamente el ambiente y las condiciones de vida de los trabajadores. Como consecuencia, los compañeros están recibiendo asistencia continua, a veces descuidada de parte de la ANDE”, relató, agregando que siempre fue una preocupación la falta de una disposición final de los desechos tóxicos.

Pineda insistió en que han encontrado dificultades por parte de las autoridades para brindarle una mejor asistencia a los funcionarios afectados con el askarel. “Pedimos un seguro médico integral, hasta ahora no hemos tenido éxito ni se han sensibilizado con todo lo que pasó”, reclamó.