La instalación de la empresa Rìo Tinto Alcan enfrenta a quienes la ven como una oportunidad para el desarrollo y a aquellos que denuncian el riesgo ambiental.

El proyecto para la instalación de una multinacional generadora de aluminio en Paraguay generó un debate entre quienes defienden la iniciativa por considerarla una oportunidad para el desarrollo económico del país y los que la denuncian por el riesgo ambiental y el costo de subsidiar la energía.

“No estamos de acuerdo con ceder energía subsidiada a una multinacional y además, el gobierno actual -encabezado por Federico Franco, con el que comenzó la negociación- es ilegítimo pues asumió tras un golpe de estado”, explicó a Télam María Paz Valenzuela, vocera de la campaña “No a Rio Tinto Alcan” que, junto con 25.000 firmas, se opone a la instalación de la planta.

Rio Tinto Alcan (RTA) es una firma canadiense y potencia en el ramo de la producción de aluminio, con plantas en todo el mundo, pero también acusada de contaminar fuentes de agua potable y depredar áreas verdes.

La compañía quiere instalarse e invertir alrededor de US$4 millones en la zona de Itapúa o Alto Paraná, con la promesa de generar empleo y atraer empresas.

Sin embargo, el movimiento “No a Rio Tinto Alcan”, que nuclea a profesionales, ex funcionarios y ambientalistas, se opone a su llegada y denuncia razones políticas en plena campaña electoral, pero, más que nada, causas que involucran dos cuestiones; la energética y ambiental.

A favor y en contra. “El desembarco de una industria electrointensiva de aluminio en Paraguay, un país que no tiene materia prima, que no tiene costa al mar, ni mercado, solamente puede deberse a que desean compensar estos evidentes inconvenientes con una energía a costos mucho menores que otros países donde sí cuentan con estos factores”, explicó Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía que escribió junto a su marido, Ricardo Canese, un libro sobre el tema.

Los detractores de RTA argumentan que Paraguay está sufriendo las consecuencias de la falta de una política energética.

“Hay cortes de luz en horarios pico, denuncias de falta de inversión y la contradicción de quienes gobiernan al pretender cobrar a RTA una energía subsidiada”, dijo Valenzuela.

No obstante, el proyecto es defendido por un sector que considera que tiene “argumentos sólidos” que explican la importancia de la llegada de Rio Tinto a Paraguay. Uno de ellos es Walter Bogarín, actual vicepresidente del Centro de Industriales Metalúrgicos.

“Paraguay dispone de suficiente energía eléctrica, que es uno de los elementos principales para generar aluminio; nuestra energía está yendo a Brasil y a la Argentina a desarrollar industrias de esos países”, explicó en diálogo telefónico con Télam.

Para Canese, el panorama es otro: “la Argentina y Brasil nos pagan mucho menos que los precios del mercado y ese siempre ha sido nuestro reclamo”, dijo.

Además, señaló que “la tarifa máxima que puede pagar RTA -38 dólares por megavatio/hora (MWh)- para hacer eficiente su estructuralmente deficitaria industria en Paraguay ni siquiera cubre los costos de producción, mucho menos lo que paga Brasil (60 dólares por MWh, incluyendo los cargos por transmisión de energía)”.

En cuanto a la generación de empleo, según Canese, “RTA empleará en forma directa a 1.250 trabajadores, que además estarán sometidos a un ambiente insalubre y en su mayoría serán extranjeros, pues no existen muchos expertos en aluminio en Paraguay”.

Sin embargo, para Bogarín, la planta atraerá una serie de empresas que empujan de un “salto” la economía. “Tenemos la energía que otros necesitan y eso torna interesante al país y atrae empresas”, indicó.

“Si se instalase, podrían venir empresas que elaboren hasta componentes de aviones; todo se podría crear en Paraguay si hubiera una empresa del aluminio”, remató.

La cuestión ambiental. Sobre la cuestión ambiental, segundo punto en la mesa de negociación que se retomó en marzo, Bogarín reconoció que “este tipo de industria puede generar contaminación si se le permite”.

“El medio ambiente para nosotros es innegociable, no apoyaríamos algo que sabemos que atenta contra eso; no discutimos una agresión de ningún tipo a cambio de dinero”, dijo el dirigente.

Para Canese, en cambio, Paraguay tiene leyes “muy permisivas en lo ambiental” y al no ser un “país industrializado”, no multa por la emisión de gases de efecto invernadero.

“Todo resulta sumamente conveniente para Río Tinto, que emitirá 3.100 toneladas diarias de anhídrido carbónico por año y más de 11 toneladas de anhídrido sulfúrico, gas que produce lluvia ácida cuando hay tormentas eléctricas, sumamente frecuentes en los probables lugares de instalación”, subrayó.

El debate se encuentra atravesado por los próximos comicios del 21 de abril y aunque son once los candidatos a ocupar el Palacio de López, las chances parecen limitadas al empresario Horacio Cartes, del Partido Colorado, y al ex ministro Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, en el gobierno), ambos a favor de la instalación de la planta.

“En la actualidad hay total libertad de expresión, podemos debatir y discutir, pero sabemos que serán los políticos los que decidan”, advirtió Bogarín.